En España, la pensión no contributiva es una ayuda económica que el Estado da a aquellas personas, ya sean jubiladas o en situación de invalidez, que nunca cotizaron a la Seguridad Social o no han llegado a los años exigidos para obtener una pensión contributiva.
Es, por donde se mire, una herramienta de ayuda socioeconómica que permite al Estado garantizar que estas personas tengan un ingreso mínimo con el que subsistir, y puedan acceder a asistencia médica y farmacéutica gratuitas. Sin embargo, para obtenerla hay que demostrar que no se tienen recursos. De lo contrario, se corre el riesgo de perderla.
Los tipos de pensiones no contributivas
Existen en nuestro país dos tipos de pensiones no contributivas:
- Por jubilación: esta se puede solicitar cuando la persona tiene más de 65 años y nunca ha cotizado a la Seguridad Social, o no ha alcanzado el mínimo de años exigidos por ley.
- Por invalidez: se solicita cuando la persona, entre los 18 y los 65 años, presenta una discapacidad igual o mayor al 65%.
En el caso de la pensión no contributiva por jubilación, la Seguridad Social exige ciertos requisitos para mantenerla.
Qué requisitos se necesitan para la pensión no contributiva por jubilación
Hay que tener claro que el beneficiario de una pensión no contributiva por jubilación debe cumplir estrictamente con lo solicitado, ya que si incumple los requisitos, la Seguridad Social puede decidir retirar, o suspender, esta ayuda.
Las razones para perder la pensión no contributiva son 5:
- Ingresos: si los ingresos percibidos por el beneficiario son superiores al límite que impone la ley.
- Falta de comunicación: si el beneficiario no avisa a la Seguridad Social algún cambio familiar o personal (si se casó de nuevo, si se divorció, si se mudó, etc.).
- Mejoría económica: si la situación económica del beneficiario mejora, y no avisa a la Seguridad Social.
- No presentar la declaración de ingresos: esta declaración es obligatoria, y se hace anualmente.
- Residencia: si no se vive de forma continuada en España.
Es imprescindible que los ingresos sean menores a los que la ley establece, que son actualmente 7.905,80 euros anuales, si se trata de una persona que vive sola, 13.439,86, si hay dos convivientes, o 18.973,92 euros, si es una familia de 3.
Comunicar cambios y presentar declaración de ingresos
Pues bien, si estos límites se superan (por cualquier causa), hay que avisar de inmediato a la Seguridad Social, que procederá de acuerdo con la ley: suspender la pensión no contributiva o retirarla.
Por otra parte, si no se comunican cambios en la realidad personal o familiar del beneficiario, como un matrimonio, el fallecimiento del cónyuge o un divorcio, la Seguridad Social no puede recalcular la cuantía de la pensión.
Por último, como es lógico suponer, hay que presentar la declaración de ingresos anuales en el plazo indicado, con datos actualizados y verdaderos. Si la Seguridad Social descubre datos falsos, o no hicimos a tiempo la declaración, podemos perder la pensión no contributiva.
Un último requisito es indispensable para cobrar esta prestación: vivir en España de forma ininterrumpida. Tanto la carencia de recursos económicos como la residencia legal en España son básicas y sine qua non para poder cobrar.
Si viajamos sin avisar, o sin autorización, esta prestación puede perderse. Por eso es tan importante cumplir con estos requisitos, que podemos resumir en: residir en España, tener ingresos menores a 7.905,80 euros y no informar de los cambios ocurridos.
Hay que tener clara la responsabilidad de aportar datos verdaderos, pero también cumplir con los plazos de las declaraciones de ingreso. No vale la pena el riesgo de perder una ayuda por despiste o por no mantener la información debidamente actualizada.
