La Unión Europea, esa organización a la que orgullosamente pertenecemos, tiene una bien ganada fama de voracidad regulatoria. Hay quien dice, no sin razón, que en el viejo continente hace tiempo que no inventamos nada, pero que nos apresuramos a dictar normas sobre cómo debe usarse lo que invente otro.
¿Cree que exagero? Pues la mismísima curvatura de los plátanos y los pepinos llegó a estar contemplada en el Reglamento n.º 2257/94. Y si no ha notado cambios en las cucurbitáceas de su supermercado, recuerde lo que pensó –y lo que juró– cuando experimentó por primera vez los tapones unidos obligatoriamente a las botellas por mandato de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso.
Siempre atentos a nuestro bienestar, sus señorías se afanan en establecer pautas; muchas de ellas, por supuesto, relacionadas con nuestra salud. Memorable es el Dictamen de la EFSA de 2011 que, en la práctica, estableció que «el agua no hidrata»: el organismo argumentó que los factores de riesgo de la deshidratación son múltiples y que, por tanto, el agua embotellada no podía anunciarse así. Bajo esa misma premisa, la UE prohibió que un bote de baba de caracol con extracto de alcachofa prometiera curar el reuma. Fin del juego, pensamos: las empresas de bálsamos milagrosos irán a la quiebra.
La solución de Bruselas fue normalizar la «declaración de propiedades saludables», una etiqueta técnica que indica que un producto contiene vitaminas o nutrientes necesarios para procesos biológicos básicos. ¿Hacía falta que a estas alturas nos aclararan que comer es bueno? No. Pero el legislador subestimó la capacidad de adaptación del capitalismo místico.
Las multinacionales del bienestar no han cerrado. Al contrario: se han reído de la norma en veinticuatro idiomas –aún no en catalán, pero todo se andará–. ¿Cómo siguen vendiéndole el mismo bote inútil de 60 euros sin que les cierren el chiringuito? Muy sencillo.
Antes, el producto se llamaba «Super-Memory-Plus» y prometía que usted recordaría dónde dejó las llaves en 1994. La UE dictaminó: «Falso, demuéstrelo». ¿Qué hizo la empresa? Dejó el bote igual, mantuvo el precio y añadió un 15 % de la cantidad diaria recomendada de Magnesio o Vitamina B6. Un ingrediente que cuesta céntimos el kilo y que usted ya obtiene de sobra en cualquier dieta normal. Gracias a ese miligramo de polvo, pueden afirmar que «contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso». Y listo. El bote sigue siendo innecesario, pero ahora es legal, y usted siente la necesidad de comprarlo gracias a la misma normativa que pretendía prohibirlo.
Camine tranquilo, ciudadano. Puede seguir gastando el dinero del alquiler en cápsulas de polvo de arroz enriquecidas con zinc. La UE está feliz porque se cumple la ley; la empresa, porque factura millones; y usted, porque su sistema inmunitario funciona «normalmente» –exactamente igual que si se comiera una manzana–.
Sin embargo, conviene no subestimar a los alquimistas modernos, y menos a los que habitan en los palacios gubernamentales. La política nacional ha perfeccionado esa fórmula hasta convertirla en arte de Estado. Observen: los parados reales disfrutan ahora de la «vitalidad» de un contrato fijo discontinuo; un Gobierno incapaz de aprobar Presupuestos opera en la «normalidad absoluta» de una prórroga constitucional; y el vaciado de las instituciones se presenta como un «suplemento necesario» para fortalecer nuestra salud democrática.
Como el cliente que paga por producir el pis más caro del vecindario a cambio de la eterna juventud que promete una etiqueta, el ciudadano español asiste hoy a un monumental efecto placebo. Consumimos dosis masivas de retórica gubernamental, enriquecida con tecnicismos legales, para descubrir que el contenido del bote sigue vacío. La política ha encontrado su fórmula: gobernar por etiqueta, no por sustancia. Todo contribuye al funcionamiento normal mientras nadie abra el frasco.
Cuídese.
