A finales de 2024 el Ayuntamiento de Segovia adaptó sus ordenanzas fiscales a la Ley 7/2022 sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, lo que ha implicado elevar el coste de la tasa de basura para asegurar la cobertura del cien por cien del coste del servicio. El incremento aplicado en la normativa introdujo una subida del 25 %, pasando de 99 euros a 126 euros por vivienda en el caso de los particulares, pero el impacto real sobre las empresas de la provincia supera por mucho ese porcentaje, estimando incrementos de hasta un 600 % en determinados sectores, y en cantidades ya de por sí elevadas. Así lo afirma la Federación Empresarial Segoviana (FES) que se hace eco del malestar de los empresarios por dicha subida en la tasa municipal de recogida y tratamiento de residuos, ya que la consideran una medida que pone en riesgo la viabilidad de parte del tejido productivo local.
Desde la FES sostienen que “se está aplicando una presión fiscal desproporcionada que compromete seriamente la competitividad de nuestras empresas locales”, en clara referencia a la subida extraordinaria que en ningún caso “puede justificarse únicamente desde criterios legales”. Además de este coste, los empresarios deben hacer frente a lo que cada uno tiene que soportar por el tratamiento de sus residuos con gestores previamente autorizados. Los empresarios critican la ausencia de una comunicación previa, lo que les ha llevado a recibir con sorpresa e indignación el importe de los nuevos recibos, el pasado mayo.
Por todo ello consideran necesario que el Ayuntamiento explique los criterios seguidos para aplicar la nueva tasa, para lo cual ya han solicitado al alcalde, José Mazarías, una reunión urgente en este sentido.
A la vez, la Federación está explorando la posibilidad de la autogestión privada de los residuos empresariales, en la que las compañías asuman directamente la contratación de servicios alternativos o compartidos de recogida, transporte y valorización de residuos, como fórmula para mitigar el impacto de las tasas.
La ordenanza municipal no contempla esta alternativa, sino solo un cambio de categorización en la tabla de tarifas, de modo que descarta la posibilidad de desprenderse del pago de las tasas.
Por ello, muchos de los empresarios plantean que les resultaría más conveniente que no hubiera contenedores para residuos asimilables a domésticos, y donde en muchos casos son empleados por usuarios ajenos a la actividad industrial, o incluso por quienes ejercen actividades ilegales, y sobre lo cual reclaman al Ayuntamiento una mayor vigilancia ante el uso indebido de los contenedores.
Revisión de criterios
Desde la FES también reclaman al Ayuntamiento una revisión urgente de los criterios de cálculo de la tasa, especialmente en lo relativo a actividades empresariales con generación específica de residuos; estudios comparativos sobre modelos de autogestión o convenios con gestores autorizados externos; y recuerda que otras administraciones locales han introducido bonificaciones o modelos incentivadores en función del nivel de reciclaje o del uso de puntos limpios. En Segovia, aunque se han previsto descuentos para determinados casos, de hasta el 40%, y modalidades de pago fraccionado, las críticas apuntan a que la aplicación de estas bonificaciones ha sido irregular y confusa, especialmente para empresas y contribuyentes colectivos.
Por todo ello la FES estudia la posibilidad de elaborar un modelo de recurso de reposición que cada empresario tendría que presentar de forma individual, como prevé la Ley de Bases de Régimen Local, sin descartar la promoción de acciones colectivas entre las empresas afectadas.
Confusión e indignación
Además del malestar de los empresarios segovianos recogido por la FES, otros sectores y grupos políticos han mostrado en las últimas semanas su disconformidad con la implantación de la nueva tasa. Es el caso de Izquierda Unida queienes han recordado que desde que José Mazarías ostenta la alcaldía (2023) la tasa ha subido un 50%; un aumento que desde el grupo municipal no creen que esté sirviendo para mejorar el servicio a pesar de que la recaudación es mucho mayor.
También critican la confusión e indignación causada por las bonificaciones que ofrecen desde el Ayuntamiento, dejando claro que aunque esta nueva tasa debería tener el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir y separar adecuadamente los residuos no hace otra cosa que desanimar a los usuarios a la hora de gestionar adecuadamente sus residuos debido a la confusión e indignación generada.
La normativa de Segovia incumple la ley de residuos
La Organización de Consumidores y Usuarios incluye a la ciudad en una lista con otras 16 capitales de provincia que vulneran el objetivo de la norma
Segovia está entre las 17 ciudades que según la Organización de Consumidores y Usuarios incumplen la nueva ley de residuos y suelos contaminados (Ley 8/2002) que entró en vigor hace poco más de tres meses.
Dicha ley tiene por objeto personalizar la cuantía de la tasa de residuos según el principio de ‘quien contamina paga’, pero desde la OCU lamentan que, la nueva tasa está lejos de cumplir este fin, ya sea por la arbitrariedad de los criterios que determinan su importe, o por tratarse de un único criterio fijo que no valora el esfuerzo de cada hogar para limitar y separar correctamente sus residuos.
El incumplimiento más grave, según OCU, se observa en aquellas ordenanzas municipales que gravan los residuos con una única tasa fija, sin tener en cuenta la generación real de residuos de cada hogar, lo que es contrario al principio básico de la ley.
Además de Segovia otra provincia castellanoleonesa está incluida en esta lista, se trata de Zamora a la que acompañan capitales como Badajoz, Ciudad Real, Gerona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel.
OCU critica la aplicación de criterios fijos para el cálculo de la tasa, pero también de la mayoría de los criterios variables, no solo por considerarla injusta y desequilibrada, también porque contribuye a desincentivar la separación de residuos por parte de los consumidores, ya que cualquier esfuerzo en este sentido difícilmente se verá recompensado en una rebaja en el importe final de la tasa.
