La Diputación y el Obispado de Segovia acordaron destinar 300.000 euros para acometer diferentes actuaciones de reparación y conservación en las iglesias repartidas por la provincia. Así, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el vicario general de la Diócesis, Ángel Galindo, fueron los encargados de firmar un acuerdo que contempla una fórmula de cofinanciación en la que cada una de las entidades aportará 150.000 euros.
La Junta de Gobierno de la Diputación dio el visto bueno al convenio y a la aportación con cargo al presupuesto de este año y, así, se van a poder beneficiar de esta acción aquellos edificios del patrimonio histórico de la provincia que no están calificados oficialmente como monumentos y que, en consecuencia, no se benefician de la protección y beneficios que la legislación reserva para esos casos.
En ese sentido, De Vicente remarcó que la Diputación avanza en su espíritu de fomentar «las acciones que repercutan directamente en los pueblos”, desde el “deber de cooperación” que tiene la institución provincial. En este sentido, señaló que este convenio busca «dinamizar la actividad económica del territorio provincial, sumando la importancia de paliar los efectos negativos de la situación demográfica que azota el ámbito rural».
Acciones subvencionables
Según el acuerdo, serán subvencionables los trabajos de reforma y rehabilitación cuyo objetivo sea la adaptación o adecuación para la mejora del inmueble; las grandes reparaciones (obras estructurales o de reparación de cubiertas); y el mantenimiento y conservación con trabajos de menor entidad para preservar los elementos básicos del inmueble.
El Obispado se encargará de la contratación y ejecución de las obras aprobadas; de la dirección, control y certificación de los trabajos; así como de la obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Asimismo, se comprometió a aportar cualquier exceso que pudiera producirse por liquidaciones, modificaciones o un mayor presupuesto sobre la cantidad asignada en el convenio.
El periodo de ejecución y justificación para las entidades beneficiarias finalizará el 30 de noviembre de 2024 y se establecerá una comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de los resultados, que serán evaluados. La conforman cuatro representantes, correspondiendo dos a cada una de las partes firmantes del acuerdo.
