Después de anunciar hace unos días la venta de la Sociedad Urbanización Quinta Real SA a la empresa Madaria HC Real Estate -a falta de completar el proceso administrativo y burocrático necesario para la misma-, este jueves fue aprobada en el Pleno correspondiente al mes de marzo la adjudicación de la enajenación del cien por cien del capital social de la Sociedad a dicha empresa por un importe de 12.077.000 euros, que deja el proceso pendiente de la firma final de compra venta.
El visto bueno a la adjudicación salía adelante, como era de prever, con quince votos a favor, por parte de los grupos Popular y Mixto Ciudadanos, y con el voto en contra de los diez diputados del grupo Socialista, a quienes, para culminar el turno de debate, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, se dirigía afirmando considerar que “desaprovechan una oportunidad única para sumarse a un proyecto que va a generar recursos a la Diputación y a la provincia”. Y es que, tal y como ya se anunció en la presentación de los Presupuestos de la institución para el presente ejercicio, está previsto que, gracias a esta venta al Plan de Ayudas a Inversiones Municipales en la Provincia, dotado de 6,6 millones de euros, se sumen 5,6 millones correspondientes a un plan extraordinario plurianual destinado a inversiones en los pueblos.
El portavoz socialista, Máximo San Macario, argumentaba su voto en contra señalando que apoyar la venta supondría “blanquear una mala gestión de veinte años” de un proyecto “que nunca debió nacer”; una sentencia a la que el viceportavoz popular, Óscar Moral, respondía asegurando que lo que entonces fue Segovia 21 “nació de esta Diputación, con la vicepresidencia en el Consejo de Administración de la Sociedad de un miembro del PSOE y con otros dos miembros socialistas en el propio Consejo, siendo alguno de ellos secretario provincial del partido”.
Además, ante la reticencia del grupo socialista a que, a partir de esta venta, la Diputación pueda concretar el fin de las obras del Palacio de Congresos de La Faisanera, destinando cerca de cuatro millones de los doce de la enajenación de las acciones, el diputado de Hacienda recordaba a San Macario que “hace tres meses usted en una rueda de prensa nos pidió que termináramos el Palacio”.
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos, Ángel Jiménez, felicitaba al equipo de Gobierno “por la gestión realizada en una empresa que estaba al borde de un concurso de acreedores y que hoy se vende por más de doce millones de euros que repercutirán en beneficio de los municipios”.
Otros puntos y mociones
Tras el debate perteneciente a este primer punto en el orden del día, la sesión, que en un principio no se preveía excesivamente larga, se enrocaba en otros puntos, como el correspondiente a las modificaciones presupuestarias, en el que, mientras el grupo Socialista aludía a una presunta improvisación, el grupo Popular respondía manifestando que los cambios se deben a la cobertura de las necesidades “con algo que vamos a aprobar a posteriori, como son los remanentes de Tesorería y la generación de nuevos créditos”. En este sentido, Óscar Moral, que calificaba el Presupuesto de “documento vivo sobre el que se trabaja todo el año”, celebraba que 2,5 millones de euros procedan de subvenciones de otras Administraciones gracias al trabajo realizado en las distintas Áreas de la institución provincial.
También ralentizaba su ritmo el Pleno en otros dos turnos de debate, antes de que finalmente llegara el tiempo correspondiente a los asuntos de urgencia, en el que el grupo Socialista presentaba dos mociones que sólo recibían el apoyo de la propia bancada socialista; una relacionada con el fomento de políticas públicas de acceso a la vivienda para jóvenes en la provincia y otra referente al desarrollo de un plan de recuperación del patrimonio documental de los municipios de la provincia.
En la primera, el diputado socialista Borja Lavandera acusaba al equipo de Gobierno de “falta de ambición” y le instaba a copiar políticas de otras Administraciones, mientras que tanto el portavoz del grupo Popular, como el del grupo Mixto C’s, centraban su intervención en la competencia del Estado en materia de Vivienda y recordaban que, independientemente del trabajo que los ayuntamientos llevan a cabo en materia de planeamiento urbanístico, desde la FEMP se ha trasladado al Ministerio el planteamiento de posibles medidas que, contribuyan a hacer frente al reto demográfico. Además, el portavoz popular, José María Bravo, ha afeado a los socialistas que elevasen al Pleno un asunto que es plena competencia del Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma y que solicitasen inversiones para competencias que la Diputación no tiene, en lugar de “pedir a los procuradores socialistas en las Cortes que trabajen por esta provincia”.
Por lo que respecta a la segunda, en la que se instaba, entre otras cosas, a la contribución provincial a la digitalización de la documentación histórica de los ayuntamientos para su mejor conservación y mantenimiento, a pesar de que tanto el grupo Popular como el grupo Mixto C’s se mostraban a favor de la conservación del legado histórico de los pueblos, sus portavoces apuntaban que es un asunto en el que ya se presta colaboración desde el Área de Cultura, Juventud y Deportes y desde la propia jefatura de Archivo de la Diputación y recordaban que, además, el Ministerio de Cultura y Deporte cuenta con diversas líneas de subvenciones en esta materia a la que se pueden acoger los propios consistorios.
