Hace pocas semanas, un grupo de procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León –entre los que se encuentra la procuradora de esta formación por Segovia Susana Suárez Villagrá- presentaron en las Cortes de Castilla y León ‘a título personal’ un listado con 190 bienes patrimoniales repartidos en toda la región con la intención de que puedan ser incluidos en el inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El denominador común que une a esta relación de nombres es que todos ellos están vinculados a simbología o vestigios relacionados con el Franquismo, lo cual ha suscitado un amplio debate político por la colisión de esta solicitud con los postulados de la Ley de Memoria Histórica que penaliza la exhibición de cualquier símbolo relacionado con el régimen del General Franco.
De estos 190 bienes incluidos en el listado de Vox, nueve se sitúan en la provincia de Segovia, algunos de ellos con un amplio recorrido mediático dada su relevancia, y otros menos conocidos, pero todos ellos marcados por que forman parte del paisaje de los pueblos que los albergan.
Placas, cruces, un escudo, una inscripción epigráfica y un conjunto monumental conforman el catálogo que la formación política ha datado en Segovia, tanto en la capital como en varios pueblos de la provincia. Así, Vox sitúa como vestigio protegible por BIC la placa con datos epigráficos, cruz y escudo en la que figuran nombres y apellidos de caídos en la Guerra Civil que figura en la iglesia de San Millán de Segovia, junto al atrio, siendo la única que figura en esta relación.
En la provincia, la más destacada por su volumen y significación es el conjunto monumental dedicado a Onésimo Redondo en Labajos, erigido en su momento como homenaje al líder falangista que fue asesinado en la citada localidad. Este enclave es cita habitual en julio de varios grupos de La Falange que acuden para conmemorar el aniversario de su muerte, aunque en la actualidad, lo que queda del monumento es el muro con la frase grabada, ya que los distintivos fueron retirados en 2020.
El resto de vestigios se sitúan en Aldeanueva del Codonal, con una placa y cruz con nombres y apellidos de caídos en la Guerra Civil, dos cruces en recuerdo ubicadas en Veganzones y Arcones, una placa con inscripción epigráfica en Aguilafuente, un escudo de España preconstitucional en Chañe y una inscripción epigráfica y una cruz con placa en Sepúlveda.
Vox asegura que esta iniciativa tiene como fin iniciar la adopción de medidas destinadas a la protección del patrimonio artístico y cultural de Castilla y León, afectado por la aprobación de la Ley de “memoria democrática”. El documento registrad señala otros bienes en la región como la Cruz monumental de Oña (Burgos), el azulejado con inscripción de la Facultad de Derecho en Valladolid, la Cruz Monolítica y soporte epigráfico de El Barraco (Ávila), la Cruz monolítica con inscripción en Santillana de Campos (Palencia) o el Conjunto arquitectónico monumental con cruz de Vitigudino (Salamanca).
La iniciativa de Vox ha llegado al parlamento regional, donde la pasada semana, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, contestó a una pregunta realizada en el pleno de las Cortes por el procurador socialista José Ignacio Martín Benito, que solicitó información sobre la petición realizada por los parlamentarios de Vox.
El consejero de Cultura Gonzalo Santonja asegura que “no hay patrimonio digno o indigno de protección”
El consejero afirmó hoy que no hay patrimonio “bueno o malo, digno o indigno de protección”, y que desde su Consejería se respetarán “todas las interpretaciones de la historia” porque esta “es también lo que no nos gusta”. Para Santonja, “no hay una historia a nuestro gusto” y aseguró así que la ley está “por encima de quienes la servimos”, por lo que se mostró partidario de proteger los derechos de aquellos que han solicitado la protección por ser “un principio fundamental e irrenunciable” igual que la protección del propio patrimonio.
“No me puede sugerir que deliberadamente desconozca la ley porque los bienes para los que se solicita la protección responden a una ideología que no comparte”, apuntó el consejero de Cultura, planteando si “hace falta ser creyente para proteger el legado histórico y patrimonial de nuestras catedrales” o si se deberían destruir vestigios romanos “porque son la expresión del más brutal atropello al hombre como es la esclavitud”.
Recordó que la solicitud “intenta obstaculizar la Ley de Memoria Democrática” cuando esta “ya recoge excepciones cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas”, y lamentó también que esta petición se presente “cuando ni desde PP ni Vox se ha presentado ni una sola propuesta para enriquecer el catálogo de BIC de la Comunidad”.
“Han aprobado unas cuentas en las que dedican al patrimonio cultural de la Comunidad un 0,2 por ciento cuando Mañueco se comprometió en llegar al uno por ciento del presupuesto consolidado”, denunció también Martín Benito, concluyendo que “en este país y en esta Comunidad, el patrimonio cultural se defiende con voluntad política y con la ley”, pese a que en Castilla y León se llevan viviendo “20 años de incumplimiento de la Ley de Patrimonio”.
