La determinación del salario mínimo (SMI) por parte de la Administración Pública, en el caso de España por el Gobierno del Estado, es una conquista social que tiene más de un siglo de existencia. Como todo lo que provenga de mejoras sociales es una parte estructural del Estado social y democrático de derecho configurado por la Constitución española de 1978, una de las más avanzadas, si no es la que más, del mundo. Su determinación tiene por lo tanto una derivada importante, que es la que acabamos de mencionar. Pero no es la única. Adquieren junto a ella una relevancia especial dos variables: la empresaria y la económica. Si no se analizan las tres se hurta aspectos relevantes a cualquier consideración que sobre la cuestión pueda realizarse.
Empezando por la segunda, cuanta más renta disponible esté en manos de los agentes consumidores más propensión habrá al crecimiento económico, y nada habrá que objetar por lo tanto siempre que se esté por encima de la inflación, puesto que si no existirá un progresivo deterioro del poder adquisitivo.
Pero no es menos importante la variable empresarial. La fijación de los salarios tiene que poseer una relación directa con la productividad de la mano de obra empleada. Si una mercantil retribuye a sus asalariados por encima de la productividad el futuro inmediato no será nada halagüeño; y si les paga por debajo corre el riesgo de empobrecer sus recursos humanos, que abandonarán la empresa en la búsqueda de mejores perspectivas, con lo que tarde o temprano la productividad de la mercantil caerá. Este argumento microempresarial puede aplicarse al campo del SMI.
Hace unos días se anunció el pacto entre el Gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo en 15 euros al mes, fijándose en 965 euros mensuales. La patronal quedó fuera del acuerdo, algo de por sí significativo, y más después de más de diez pactos tripartitos firmados en el último año y medio. Leído de manera aislada puede parecer exagerada la postura empresarial. Pero es que las lecturas simplistas y hasta demagógicas son las mayores enemigas de un análisis racional de la cuestión.
No se puede obviar el crecimiento continuo de los costes laborales unitarios en España, con crisis o sin crisis
Añadamos otro dato para su mejor comprensión: el mismo día en que se anunciaba la fijación del nuevo SMI, el Instituto Nacional de Estadística dio un dato esclarecedor: el coste laboral medio por trabajador y mes —es decir, el que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales— se disparó un 13,2% en el segundo trimestre del año en relación con el mismo periodo del 2020. Puede aducirse, y con razón, que la comparativa con el año precedente coincide con el periodo de menos actividad debido al confinamiento. Lo cual es cierto. Pero no se puede obviar el crecimiento continuo de los costes laborales unitarios en España, con crisis o sin crisis, lo que lleva a retomar la observación con la que iniciábamos este comentario: en el momento en que la media supere la productividad empresarial estaremos frente a un importante problema. En estos momentos —repetimos, segundo trimestre del año— el coste laboral medio por trabajador y mes se sitúa en los 2.766,39 euros, muy superior al salario medio del trabajador en España. Incluso los salarios medios han subido un 14,4% en tasa interanual. Obviar la incidencia que tiene la fijación del SMI en contratos como los temporales o a tiempo parcial —tan importante en una economía que depende del sector servicio y por lo tanto con una estacionalidad que en ocasiones alcanza únicamente a los fines de semana o a festivos—, o el efecto palanca que posee en el resto de retribuciones, es ponerse la venda ante una realidad palmaria en el mundo de las empresas.
Incidimos que cualquier actuación social debe ser bienvenida, pero no reconocer que en España los costes laborales unitarios en relación con la productividad son uno de los más altos de Europa es simplemente desconocer los problemas con los que se enfrentan el 99% de nuestras empresas, que son pequeñas o medianas.
