El viernes pasado el precio de la luz en el mercado mayorista marcó un récord histórico, al superar por primera vez y con holgura los 150 euros el megavatio hora; incluso ayer el alivio fue tan efímero que no descendió de los 150 euros, en concreto 150,78 euros. Que España sea el país de Europa con la luz más cara supone una amenaza constante para las familias y para las empresas cuyo régimen de contratación de potencia no les permite bonificarse de algunas bonificaciones –IVA reducido, supresión del impuesto de generación- en el precio final, por ser esta superior a los 10 kilovatios. En todo caso, indica cómo toda una Vicepresidencia del Gobierno ha sido cogida con el pie cambiado, cuando hace unos meses la titular acusaba de catastrofistas a quienes alertaban de lo que veían venir ante la subida espectacular del precio de futuros en el mercado de derivados referidos al gas.
Se ha depositado la responsabilidad en Europa por el sistema de fijación del precio de la luz, que lo es mediante subasta.
Se ha depositado la responsabilidad en Europa por el sistema de fijación del precio de la luz, que lo es mediante subasta. Como tantas veces, solo en parte es cierto: el sistema español tiene sus particularidades que hace que lo que se fija en el pool después repercuta de mayor manera en el recibo. Desde hace décadas, se han venido cargado en el precio final que costea el ciudadano unos recargos que no tienen relación directa con el consumo. Desde las indemnizaciones por el fiasco del proyecto Castor, hasta el cierre de Lemóniz, los costes extrapeninsulares, las primas a las renovables o los fondos destinados al déficit tarifario. Muchos de ellos deberían haber sido asumidos por los presupuestos generales del Estado, en vez de transferirlos a la espalda del consumidor. Tampoco se debe soslayar que la transición ecológica es cara, y sobre todo cuando se hace de manera que más parece perseguir un fin político que la racionalidad en el reparto en el tiempo de los costes. España ha renunciado a la energía nuclear y a la de combustibles fósiles, cosa que no han hecho ni Francia ni Alemania, pero importa energía de procedencia nuclear de terceros países, una contradicción conceptual. Por último, la especulación efectuada por algunas hidroeléctricas, que se han apuntado a los precios máximos del pool –arrastrando a los demás-, no debe sino ser calificado de esta manera –por más que sea lícito su proceder en un mercado libre-, y más cuando muchos de sus activos están ya amortizados. El resultado han sido unos pingües beneficios, unos pantanos secos y un Gobierno de brazos cruzados. No decimos que este intervenga en el sistema de subasta, que no puede, pero posee otros instrumentos como la disuasión o, si no lo consiguiera, los mecanismos que le permite el régimen tributario español. Un gobierno tan aficionado al decreto-ley tiene ahora reparos en utilizar una figura que dado lo extraordinario y urgente de la situación vendría como anillo al dedo.
España es de los pocos países de Europa en el que la tarifa regulada (PVPC), que afecta a algo más de 10,5 millones de consumidores, está referenciada en el precio diario de la luz
España es de los pocos países de Europa –si no el único- en el que la tarifa regulada (PVPC), que afecta a algo más de 10,5 millones de consumidores, está referenciada en el precio diario de la luz, de ahí la incidencia de estas oscilaciones. Nada parece que vaya a cambiar en el futuro próximo. El gas sigue estando por las nubes, y los derechos de emisión de CO2, por encima de los 60 euros la tonelada. El ejecutivo debería ejercer su función y actuar en los componentes de la factura y en los impuestos, y negociar con las autonomías la compensación por la reducción del impuesto de electricidad (un 5,11%), que es con posterioridad objeto de transferencia. Por desgracia, el sistema eléctrico español no es el más idóneo. Por desgracia, los campos de cultivo segovianos, auténtica armazón y despensa de nuestro sector agroalimentario, corren el peligro de convertirse en las próximas décadas en inmensos campos llenos de placas solares. Por desgracia, el sistema de concesión de caudales para pequeñas centrales hidroeléctricas hace en realidad imposible la existencia de estas, ajenas a la propiedad de las grandes empresas de generación. Muchas desgracias, como se ve.
