El Partido Popular de Segovia continúa su ofensiva contra el acuerdo del Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que contempla, entre otras medidas, una fórmula para el uso de los ahorros de los ayuntamientos (remanentes de tesorería de años anteriores) que para los populares supone una apropiación por parte del Ministerio de Hacienda de esas cantidades.
El portavoz del PP en la Diputación, José María Bravo, instó ayer a los dirigentes socialistas segovianos y en concreto a su portavoz en la institución provincial, Máximo San Macario, a que explique a los alcaldes el citado acuerdo que recuerda se ha aprobado en la FEMP solo con los votos a favor del PSOE.
En este sentido, recuerda que en el pleno de la corporación del mes pasado, ante una moción del PP que instaba al Gobierno “a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales”, San Macario intervino para asegurar “que había que esperar a que fueran hechos consumados” para analizar la propuesta del Gobierno.
Por eso, Bravo reclama ahora una explicación de lo que el PP de la provincia interpreta como una apropiación de los ahorros de los municipios y provincias “y encima habilitando un fondo de 5.000 millones de euros, a ingresar a las entidades locales entre 2020 y 2021, totalmente condicionado, puesto que solamente se repartirá entre las que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería”.
El Partido Popular de Segovia insiste en que eso implica que los ayuntamientos no podrán gastar este año su remanente “puesto que estará en manos del Gobierno que empezará a devolverlo a partir de 2022” y a lo largo de diez años”.
Bravo pide valentía al Grupo Socialista en la Diputación para explicar “este acuerdo bochornoso” a todos los alcaldes y concejales de la provincia y aclararles “por qué durante los últimos años han tenido que cumplir la regla de gasto sin gastarse esos ahorros en la mejora de sus municipios y ahora, porque sí, se los tienen que dar al Gobierno”.
Por su parte, Pablo Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia, considera “una injusticia que los ahorros municipales de los segovianos paguen las consecuencias de una mala gestión del Gobierno de Sánchez”.
Petición a Clara Luquero
El Grupo Popular ha pedido a la alcaldesa Clara Luquero que antes de entregar los ahorros del Consistorio segoviano “piense en la ciudad y no en sus intereses políticos” y cuente con el resto de los grupos políticos en el Ayuntamiento.
Pérez habla de confiscación y apunta que el acuerdo Gobierno-FEMP debilita las garantías de solvencia del Ayuntamiento. Además, entiende que la mejor manera de reactivar la economía y ayudar a los segovianos “hubiera sido permitir a los ayuntamientos usar el dinero de remanentes en lo que cada entidad considere más necesario para su ciudad”.
Por el contrario, dice, “la propuesta es un fondo trampa, totalmente condicionado a una serie de actuaciones definidas por el Gobierno central que no tienen porque coincidir con lo que necesitan las diferentes entidades locales”.
“No hay confiscación”
Desde las filas del PSOE no dan crédito a esas críticas. La vicesecretaria autonómica de los socialistas, Virginia Barcones, dijo en Segovia que el acuerdo –plasmado en un Decreto Ley publicado ayer en el BOE– “no perjudica a nadie y beneficia a muchos. El que no haya regla de gasto, beneficia a todos; el que se pueda incorporar el superávit de 2018 y 2019, a todos; participar en la gestión de fondos europeos, también. ¿Qué pasa con los ahorros de las entidades locales? Que cada ayuntamiento echará sus cuentas, verá su planificación, su modelo de ciudad o de pueblo. El dinero ahora está en el banco y la posibilidad está en que pase al Gobierno de España, que somos todos, a nadie se le olvide. En cuanto al reintegro, hay que decir que cuando un ayuntamiento incorpora remanentes de tesorería a su presupuesto, lo hace en el capítulo 8 (activos financieros) y se sale de la estabilidad presupuestaria obligada por Ley. ¿Qué se hace con el acuerdo? Los remanentes van a un fondo del Estado y este los reintegra a través de transferencias no financieras, con lo cual ya no se incumple la norma de estabilidad presupuestaria y el déficit lo asume el Estado”.
“Aquí nadie incauta nada a nadie, por mucho que se quiera manipular”, asevera Barcones, ya que la medida es voluntaria.
