“Las diputaciones no somos un iceberg, somos una ola”. Un ejemplo gráfico puesto en el debate por el presidente de la Diputación de Segovia Francisco Vázquez sirve para ilustrar la defensa a ultranza del papel de las corporaciones privadas en la Administración pública, así como su decisiva contribución a la reducción del déficit público marcada por la férrea aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la que en opinión de los máximos responsables de estas instituciones ha llegado la hora de flexibilizar.
Esta fue la tónica general de la jornada de debate en el marco de la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales que ayer se desarrollói en la Sala de la Artillería del Alcázar, en la que dirigentes políticos y expertos económicos diseccionaron el valor del trabajo de estas instituciones, así como la necesidad de establecer un marco jurídico y económico que permita emplear su superávit presupuestario y delimitar claramente sus competencias con la financiación adecuada.
La primera mesa redonda de la jornada abordó “La aportación del sector público local al cumplimiento de los parámetros fiscales de la normativa de estabilidad presupuestaria” donde con el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar como moderador se puso de manifiesto la buena gestión de las diputaciones en materia económica. Así, Baltar aseguró que las las Diputaciones “no gastamos, invertimos”, y señaló que “siendo cumplidores, hemos estado pagando los desmanes que otros han realizado durante la crisis”.
En una línea similar de argumentación, el responsable del área de Hacienda de la Diputación de Valencia Antoni Gaspar aludió que la asunción de las competencias impropias que asumen las Diputaciones es uno de los principales problemas en la gestión de las corporaciones locales, ya que los ciudadanos “no entienden de competencias ni presupuestos si no de tener cubiertas sus necesidades”. Para Gaspar, “tenemos excedentes que quedan ahí que no podemos invertir porque tenemos las manos atadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma que tuvo su sentido en 2012 pero que no puede quedarse quieta, tiene que evolucionar”.
Además, precisó que esta norma “se hizo pensando en toda la Administración pero llegado el momento de la aplicación de la norma en los gobiernos intermedios renquea”. Antoni Gaspar insistió además en que “nadie nos está haciendo caso, se nos mide por el mismo rasero y está siendo injusto para los ciudadanos ya que no podemos utilizar recursos de sus impuestos para atender sus necesidades”. En este sentido, además aseguró que “los que hacen las leyes deben entender que la Administración Local tiene que tener normas diferenciadas, ya que con el peso que la Administración Local tiene en la calle, no tiene los instrumentos para servir mejor a la gente”.
Política y ley Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia Mª Angeles Armisén fue algo más optimista y aseguró que “se puede hacer mucha política dentro de la ley y la ley está para adaptarse a los tiempos por eso hay que pensar en una perspectiva de cambio dentro del contexto económico nacional”. En su intervención, repasó la evolución de la Ley de Estabilidad Presupuestaria desde que naciera en 2001 y se haya modificado en 2006 y 2012 por los contextos económicos. Para ella, la última modificación “se basó en los límites que aplican a diario nuestros técnicos y ha supuesto un antes y un después en la sensibilidad de las administraciones y los políticos para afrontar una gestión responsable sin abandonar las necesidades de los ciudadanos”.
La presidenta palentina ha manifestado que el volumen total de deuda ha descendido en más de nueve mil millones de euros en 5 años, lo que supone “un esfuerzo muy importante que nos tiene que ir permitiendo esa liberalización en las inversiones y estoy convencida de que el gobierno irá abriendo esa capacidad que vamos a tener las administraciones locales con el superávit”. Por eso, para concluir ha demandado al Ministerio que “nos dejen decidir sobre el destino de nuestros propios recursos”.
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero señaló que el problema de la financiación “no es cuestión de ideología, es cuestión de resolver un problema que afecta a los ciudadanos porque no podemos invertir en remanentes y no solucionamos la situación”.
Cordero fue tajante al manifestar que “soy presidenta de una diputación eminentemente rural, hemos hecho masters de estabilidad presupuestaria, de techo de gasto, hemos tenido que modificar el servicio de asesoramiento a municipios con economistas para que los ayuntamientos sepan cómo tienen que cumplir la legislación, pero si no lo entendemos nosotros, es difícil que se lo hagamos entender a la ciudadanía”. Rosario Cordero fue también muy clara al afirmar que “quienes no cumplen deben tener una norma rígida pero quienes cumplen deben tener flexibilidad”.
Además ha insistido en que actualmente el horizonte es diferente ya que “ahora los proyectos solicitados por los alcaldes son más sensatos, se piensa más en el desarrollo de una actividad económica y que genere empleo”. Por todo esto ha concluido que no acaba de creerse el cambio y que “aunque han cambiado muchas cosas, necesitamos la flexibilización de la legislación para poder llegar a más, en la FEMP hay un consenso político absoluto y eso debe verlo en Ministerio. Desde luego somos la administración menos oída”.
Desde el Gobierno El papel más ingrato en el debate fue para el Secretario General de Coordinación Autonómica y Local, Gabriel Hurtado, que aunque analizó el problema desde el punto de vista técnico, aseguró que la aplicación de la Ley de Estabilidad “hay que reconocerte el mérito de permitir que la situación cambie porque es cierto que ha cambiado la mentalidad de los dirigentes pero es que la ley les ha obligado a hacerlo”. En este sentido ha reconocido que “el grado de responsabilidad de las corporaciones locales ha sido muy elevado pero siempre hay que contextualizarlo dentro de la propia norma ya que no se le puede quitar el mérito que tiene”. Como dato ha resaltado que desde 2012 se han llevado a cabo 18 medidas para tratar de solventar los problemas financieros de los ayuntamientos. De esta manera, ninguna diputación incumple el objetivo de estabilidad presupuestario y tan sólo ocho incumplen la regla de gasto.
