El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha estimado parcialmente los recursos presentados por varios condenados por delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, al rebajar entre cinco y seis meses las penas impuestas. La Audiencia Provincial de Segovia había impuesto penas que oscilaban entre los seis y los 15 años de prisión, según han informado este miércoles fuentes jurídicas.
El caso se remonta a enero de 2020 cuando un grupo organizado asaltó a una pareja que regresaba de un viaje en la carretera N-110, haciéndose pasar por agentes de policía. Los asaltantes obligaron a las víctimas a descender de su vehículo mediante el uso de la fuerza, las engrilletaron y trasladaron a una finca rústica en Toledo, donde fueron sometidas a agresiones físicas y psicológicas durante varias horas con el objetivo de obtener información sobre el paradero de dinero y joyas en su domicilio.
Las agresiones incluyeron golpes, amenazas de mutilación y la utilización de dispositivos eléctricos tipo táser. Tras obtener la información, varios de los asaltantes accedieron a la vivienda de las víctimas en Madrid, de donde sustrajeron dinero en efectivo y joyas por un valor de 42.890 euros.
Los condenados presentaron varios recursos al TSJ alegando diversas infracciones procesales, entre ellas la vulneración del principio acusatorio y la presunción de inocencia. La defensa argumentó que no existía prueba suficiente para acreditar la pertenencia a un grupo criminal ni la intención de los acusados de seguir cometiendo delitos.
Sin embargo, el Tribunal Superior ha considerado probada la existencia de una ‘vocación de continuidad delictiva’ por parte de los acusados, basándose en la evidencia hallada durante los registros en sus domicilios.
Entre los objetos incautados se encontraban armas de fuego, chalecos antibalas, dispositivos de inhibición de frecuencias, armas simuladas, grilletes y otros objetos vinculados con actividades delictivas.
El TSJ ha ratificado en su mayor parte la condena a cuatro de los implicados, quienes se enfrentan a penas que oscilan entre los seis y 15 años de prisión. Las condenas incluyen la pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas, entre otros delitos. Los magistrados han rechazado los argumentos de la defensa sobre la vulneración de derechos fundamentales y el principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, en la revisión de la sentencia, el TSJCyL ha estimado parcialmente algunos recursos, realizado ajustes en las penas inicialmente impuestas. Destaca la reducción de la condena del principal implicado, quien había sido condenado por tentativa de homicidio en concurso con atentado a agente de la autoridad. La pena inicial de cinco años y un día de prisión ha sido rebajada a cuatro años y seis meses tras considerarse una aplicación incorrecta de la calificación jurídica del delito.
Asimismo, para otro de los condenados la pena por detención ilegal se ha visto reducida de tres años a dos años y seis meses, tras reconocerse la concurrencia de una atenuante de reparación del daño. Además se han corregido las penas accesorias de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, ajustándolas a los plazos correspondientes a las nuevas condenas de prisión.
De esta manera, para el principal acusado la pena ratificada es de 15 años y tres días de prisión por delitos de detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, amenazas, lesiones agravadas, tentativa de homicidio contra un agente de la Guardia Civil y tenencia ilícita de armas.
Para los otros tres acusados se han ratificado las condenas de seis años de prisión para uno de ellos, y de nueve años para los otros dos, por delitos de detención ilegal, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, amenazas y tenencia ilícita de armas.
Además de las penas de prisión, los condenados deberán indemnizar a las víctimas con un total de 64.437 euros por daños físicos, psicológicos y materiales. También se ha ordenado el decomiso de las armas y los dispositivos electrónicos, y la entrega de los efectos sustraídos a las víctimas.
