Las dudas y las elucubraciones centran desde ayer las conversaciones en los distintos lugares del Real Sitio. En bares, tiendas y en la calle se suceden los comentarios y los chismorreos para intentar aclarar qué ha motivado la investigación judicial interna al Ayuntamiento.
Como ya informó este periódico en su edición de ayer, varios agentes de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil llegaron al Consistorio con una orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia solicitando información administrativa.
Además está previsto que hoy viernes acudan algunos funcionarios municipales a declarar a la Comandancia de Segovia, entre ellos el secretario.
Los distintos partidos políticos desconocen el contenido de los informes que se llevaron los agentes del Instituto Armado. Tienen sospechas, pero nadie sabe a ciencia cierta el motivo de la investigación que, por otro lado, se ha declarado secreta por parte del Juzgado.
El propio alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, confirmó que la Guardia Civil se ha llevado “una serie de expedientes administrativos”. Dice que responde a una investigación iniciada tras una demanda interpuesta en el juzgado por alguien cuya identidad aún no se ha revelado. “Han puesto bajo sospecha ante sede judicial y la magistrada ha solicitado a la Secretaría una serie de documentación que por supuesto se ha puesto a su disposición”, añadió Alonso en una emisora de radio.
Pero el Ayuntamiento aún debe aportar más documentación porque no se encuentra toda digitalizada, y no debe extraerse de las instalaciones municipales.
El regidor desmintió que esta documentación esté vinculada con la deuda económica que arrastra el Ayuntamiento. “En principio no está relacionado con la deuda del Ayuntamiento, son expedientes en su gran mayoría de hace años”, añadió. “Es una fase previa a la investigación y la magistrada solicita la información de los expedientes para estudiarlos y, si determina que hay motivo, abrirá la investigación, y si no, pues nada”.
Samuel Alonso, que precisamente ayer jueves presentaba de forma pública su candidatura a las elecciones del 28-M, no ocultaba cierto enojo porque esto ocurra “a 20 días de las elecciones”. “Seguramente se trate de hacer ruido y levantar polvo, pero ojalá y esperemos que de forma rápida se dictamine” y aclare, añadió.
DUDAS EN LA OPOSICIÓN
Desde el PP, su portavoz Juan Carlos Gómez, tampoco conoce el contenido de la denuncia ni de la documentación requerida. Asegura que su grupo es totalmente ajeno a las actuaciones que se están llevando a cabo. Es cierto que él ha preguntado en los plenos, por la situación de algunos expedientes administrativos. Pero ayer se mostraba extrañado por el hecho de que fuera la Guardia Civil a requerir información al Ayuntamiento.
Su compañero de partido, José Luis Martín Plaza, también se mostró sorprendido, y precisamente estaba dentro del Ayuntamiento cuando los agentes se entrevistaban el miércoles pasado con el secretario municipal para solicitarle documentación. “No tenemos conocimiento de lo que se trata”, insistió ayer también.
En la misma línea se pronunció el portavoz de IU, Tomás Menéndez. “Tenemos nuestras sospechas, pero desconocemos a ciencia cierta por qué motivo se ha llevado a cabo esta actuación”, dijo. A la vez él ha requerido al alcalde la celebración de una junta de portavoces o una comisión informativa para que Samuel Alonso pueda explicar al resto de la Corporación lo que ha ocurrido.
El candidato de Vox a la alcaldía de La Granja, Pedro Varela, que no tiene presencia en la Corporación actual, salió al paso de lo ocurrido. Tampoco conoce el motivo de la inspección judicial y afirmó que su partido llega a la política “para acabar con cualquier situación delictiva que pueda producirse dentro de las instituciones. Los granjeños merecen algo mejor y no la imagen que se está dando”. Añade el candidato que “los ciudadanos pagan sus impuestos para tener una vida digna y de calidad, y asegurarse una gestión honesta y eficiente”.
MÁS MEDIOS
Los grupos políticos en la oposición vienen reclamando información al equipo de Gobierno de varias cuestiones que les preocupan. Los que tienen presencia en la Corporación han agradecido que desde principios de año se haya completado el equipo técnico de escala superior. Y acompañen al secretario un interventor y una tesorera. Pero el Ayuntamiento de La Granja viene arrastrando una serie de pagos por sentencias desfavorables, y que tambalean la estabilidad presupuestaria del Real Sitio.
Entre las liquidaciones más cuantiosas a las que ha tenido que hacer frente el municipio se encuentra la del artista Ramiro Ribas Narváez, autor de la estatua de Carlos III. Una sentencia de hace diez años obligó a saldar 130.000 euros que, con los intereses de demora, costas y demás, se elevó a 160.000 euros.
En su legítima labor de fiscalización, en el último pleno preguntaban los concejales de la oposición al actual alcalde por otras deudas que mantiene el Consistorio. Se refería a una minuta que supera el medio millón de euros y que tiene pendiente de cobro un despacho de abogados. Desde el PP se presentó un ruego pidiendo que en los presupuestos se incluya la partida de pago al letrado Carlos Martín “y se le pague antes de que nos lleve a los tribunales”, decía el portavoz popular, quien recordó que ellos no fueron partidarios de contratar a este profesional externo, “pero una vez que se le ha contratado y ha hecho su trabajo, se le debe pagar”.
La fallida electrolinera que se instaló constituye otro posible litigio que trae a los granjeños de cabeza, puesto que se trata de un asunto por resolver. Desde IU se propone su venta a alguna empresa, o que se explote directamente por el municipio del Real Sitio. El Ayuntamiento ha comenzado a multar, por incumplimiento de contrato, a la empresa que la instaló, y confía en convalidar con esas sanciones lo que suponga municipalizar la instalación.
También se ha municipalizado, con la llegada de Samuel Alonso a la Alcaldía en 2019, el servicio de jardinería del Real Sitio. Antes lo gestionaba una empresa, Valoriza con la que también el Consistorio tuvo un litigio. El actual alcalde decidió recuperar la gestión directa “para mantener los cinco empleos”, y anunció que ello se ahorrarían 100.000 euros al año”. Rompía así con una gestión que había hecho su antecesor en el cargo, el también socialista José Luis Vázquez, en cuyo mandato el contrato pasó de prestarlo la empresa Althenia, a llevarlo a cabo Valoriza, algo que fue criticado por el principal grupo de la oposición, el PP.
Y aún queda pendiente de resolver el conflicto urbanístico casi histórico que existe en la zona de la Puerta de la Reina y los bloques de los Alijares, inmuebles que deben derribarse, y que requiere el realojo de sus inquilinos. Otro conflicto en el Real Sitio, esta vez con la empresa Larcovi.
