El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente viajó ayer a Madrid, a la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para participar en el acto de firma de los protocolos de actuación entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, y diferentes corporaciones que están poniendo en marcha sus Agendas Rurales, en concreto 90 de las más de 8.000 que hay en España. Junto a la ministra, Raquel Sánchez, de Vicente ha rubricado este documento que dota de formalidad a la colaboración entre ambas administraciones y que convierte a la Agenda Rural Sostenible de la Provincia de Segovia en uno de los proyectos piloto que servirá como experiencia transferible que puede orientar a otras provincias en la elaboración de sus respectivos planes de acción.
El protocolo considera el documento segoviano como “buena práctica”, reconociendo que la Diputación de Segovia “ha tenido una participación muy activa dentro del grupo técnico de trabajo constituido entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Federación Española de Provincias y Provincias (FEMP) para ayudar en la elaboración de la Agenda Urbana Española por lo que conoce bien sus contenidos y objetivos y los comparte”.
En este sentido, el presidente de la institución provincial ha recordado que “fuimos pioneros en la redacción de nuestra Agenda Rural porque desde el inicio hemos querido ser proactivos con un asunto que nos preocupa y en el que creemos de verdad, por eso llevamos trabajando en este documento desde octubre de 2020 y paso a paso vamos poniendo en práctica muchas de sus líneas de acción”. De Vicente no ha querido dejar pasar la ocasión de agradecer y valorar el trabajo realizado por todo el equipo del Área de Promoción Provincial, capitaneado por la diputada Noemí Otero, quien le acompañó.
El protocolo, que para De Vicente es “un nuevo contrato social, pensando en global pero actuando desde lo local, desde el territorio; es decir, un concierto de voluntades entre administraciones para conseguir eficiencia y eficacia”, tendrá una vigencia de dos años y, para el seguimiento de las actuaciones previstas y como cauce habitual de comunicación se crea una Comisión de Seguimiento que contará, al menos, con dos miembros designados por parte de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda y otros dos, en representación de la Diputación.
Entre las funciones que asigna a esta última se encuentran la de dar seguimiento a las actuaciones y trabajos que se vayan realizando, así como la propuesta y el diseño de medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de interés.
