Después de ver el lamentable espectáculo del comité federal del PSOE en 2016 (que demuestra en qué manos estamos), y las declaraciones de Aldama y Koldo en el juicio de las mascarillas, dudo que con tantos sobresaltos el título que propongo sea suficiente. No obstante, como este gobierno no deja de producir sorpresas, me permito recordar a Montesquieu que, al parecer, tanta falta hace a algunos.
La frase de Montesquieu: “No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo”, encaja especialmente bien en lo que quiero expresar con este comentario, porque cuando el poder político invade el terreno del poder judicial, lo que está en juego no es una polémica concreta, sino la propia libertad.
Es profundamente inquietante ver a quienes ostentan responsabilidades de gobierno, adoptar con sorprendente ligereza, el tono y las maneras de un tribunal. No se trata ya de opinar —lo cual es legítimo en una sociedad libre—, sino de algo tan grave como desacreditar sistemáticamente a los jueces mientras que, a la vez, se dictan “sentencias” desde la tribuna política, sin pruebas, sin garantías y sin contradicción.
Este fenómeno parece haberse intensificado en los últimos tiempos. Algunos ministros, amparados en la visibilidad que les otorga el cargo, se permiten calificar resoluciones judiciales, poner en duda la imparcialidad de los magistrados o insinuar motivaciones espurias. Y lo hacen, además, con una contundencia que no admite matices, como si el juicio ya estuviera cerrado y la verdad fuera patrimonio exclusivo del poder ejecutivo.
La paradoja es evidente porque quienes deberían ser los primeros en respetar la separación de poderes, se convierten en sus más ruidosos detractores cuando las decisiones judiciales no se ajustan a sus intereses o expectativas. En lugar de defender el marco institucional que garantiza la convivencia, contribuyen a erosionarlo. Y lo hacen, no pocas veces, con un lenguaje que busca más el aplauso inmediato que la responsabilidad a largo plazo.
Conviene recordar algo tan elemental como que, en un Estado de derecho, los jueces no son infalibles, pero sí son los únicos legitimados para juzgar. Sus decisiones pueden ser recurridas por las vías previstas, criticadas desde el respeto, y analizadas en el ámbito jurídico. Lo que no es admisible es sustituir ese proceso por un juicio paralelo desde el poder político, donde no rigen ni las reglas de la prueba ni el derecho de defensa. Habría que revisar los conceptos de inmunidad e inviolabilidad, porque no es justo que abusen del aforamiento, tengan barra libre y puedan atacar y desacreditar sin ningún tipo de limitación ni cortapisa. Si diputados, senadores y ministros gozan de inviolabilidad por sus opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, habría que preguntarse —por ejemplo—si entre las funciones de un ministro de justicia está la de atacar a la justicia.
Cuando se señala públicamente a una persona como culpable antes de que exista una sentencia firme, se está cruzando una línea peligrosa. No solo se vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que se envía a la sociedad el inquietante mensaje que la justicia puede ser reemplazada por la opinión del gobernante de turno. Pero es aún más corrosivo cuando un ministro deja caer que un juez podría estar prevaricando, porque ha imputado cuatro delitos a la mujer del presidente y esta imputación no coincide con sus deseos. Y eso, en cualquier democracia madura, debería encender todas las alarmas.
Más grave aún es el efecto acumulativo de estas conductas. La reiteración de ataques a la judicatura acaba minando la confianza ciudadana en las instituciones. Si los propios responsables públicos sugieren que los jueces actúan por motivos políticos o ideológicos, ¿qué le queda al ciudadano común? Porque se abre así la puerta a un escepticismo institucional donde ninguna decisión es respetada y todo queda reducido a una lucha de poder. Aunque quizás habría que preguntarse si es eso lo que buscan y si ese es el objetivo.
Hay que decir que no se trata de blindar a los jueces frente a la crítica. Se trata de exigir a quienes gobiernan un mínimo de coherencia y responsabilidad. Criticar no es deslegitimar; discrepar no es desautorizar; opinar no es sentenciar. Pero, sobre todo, gobernar no es juzgar.
La fortaleza de una democracia no se mide solo por sus leyes, sino por el comportamiento de quienes las aplican y las respetan. Cuando los ministros olvidan que su función no es impartir justicia, sino garantizar que esta pueda ejercerse con independencia, el equilibrio institucional se resiente. Y con él, la confianza de todos.
Porque, al final, la tentación de dictar sentencias desde el poder político no es solo una falta de prudencia, es una forma sutil de abuso. Y los abusos, por más que se disfracen de convicción o de urgencia, siempre acaban pasando factura.
