En el año 2025 los ingresos tributarios crecieron hasta los 325.356 millones de euros, un 10,4% que la recaudación registrada en 2024 (un +11,7% en términos homogéneos), un nuevo récord. En 2024, los ingresos crecieron un 8,4%, es decir, un incremento del 20% de los ingresos tributarios en dos años, lo nunca visto. Un crecimiento de los ingresos en 2025 del 10,4% que tiene su origen en un incremento del 11,4% en los impuestos directos (principalmente, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No Residentes e Impuestos medioambientales) y del 8,9% en el conjunto ce impuestos indirectos, tasas y otros ingresos (en 2024, los incrementos fueron del 9% y del 7,6%, respectivamente).
Los ingresos por el IRPF aumentaron en 2025 un 10,1%, por el aumento de las bases y tipos. Los elementos que supusieron una mayor aportación al crecimiento de los ingresos fueron las retenciones por los rendimientos del trabajo y el resultado bruto de la declaración anual del IRPF. Las retenciones por rendimiento del trabajo y actividades económicas crecieron un 8,7%, con un crecimiento del 8,9% en el sector privado y del 8,1% en los ingresos procedentes de los salarios y las pensiones públicas. En las pensiones, en cambio las retenciones crecieron a un ritmo del 11%, próximo al 11,7% en 2024. Junto con las retenciones en el IRPF, el segundo elemento de crecimiento fueron los ingresos de la declaración anual de este impuesto y que crecieron un 24% por las rentas no sometidas a retención (ganancias patrimoniales, rentas de capital mobiliario e inmobiliario y rendimientos de actividades económicas). Cuando realmente las rentas del trabajo crecieron en 2025 un 6,1%, siete décimas menos que en 2024.
Las retenciones de capital mobiliario crecieron en 2025 un 7,1%, las correspondientes a ganancias patrimoniales un 12,2%, las retenciones por arrendamientos un 5,2%, mientras que los pagos fraccionados un 11,4% por el aumento de los beneficios.
En efecto, los ingresos por el IRPF en 2025 sumaron 142.465,6 millones de euros: los ingresos por retenciones de trabajo sumaron 123.294 millones de euros, las retenciones por arrendamientos fueron 2.358 millones de euros, retenciones por fondos de inversión la cifra de 988,4 millones de euros, las retenciones de capital llegaron a 5.858,5 millones de euros, el gravamen de loterías 247,4 millones de euros, los pagos fraccionados 5.278,7 millones de euros, el resultado de la declaración anual 4.189,4 millones de euros y las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria 674,7 millones de euros.
Es decir, el 86,29% de los ingresos del IRPF en 2025 proceden de las rentas del trabajo, mientras que las retenciones de los rendimientos de capital supusieron el 4,10%. Los ingresos del IRPF se repartieron entre el Estado 66.380 millones de euros, las Comunidades Autónomas 74.377 millones de euros y las Entidades Locales 1.708 millones de euros en 2025.
Por último, la recaudación del IRPF en 2025 representó un 73,5% de los ingresos de los impuestos directos de 193.931 millones de euros, mientras que el Impuesto sobre Sociedades 42.266 millones de euros (21,8%).
En definitiva, el IRPF representa el 44,1% de los ingresos tributarios totales de 323.199 millones de euros, mientras que los ingresos por los impuestos indirectos sumaron la cifra de 129.268 millones en 2025 (el IVA 99.532 millones €).
El sistema tributario español no respeta por tanto el principio de justicia tributaria previsto en el artículo 31.1 de la Constitución, dado que los ingresos se basan en el IRPF en las retenciones del trabajo y en las ganancias patrimoniales sobre bienes inmuebles.
Estas cifras concuerdan con el reciente informe de la OCDE sobre la fiscalidad de los salarios. España se ha convertido en el país, dentro de las economías de mayor tamaño de Europa, en el que más ha subido la presión fiscal sobre los salarios desde la pandemia de 2019. El porcentaje del coste laboral del trabajador que se destina a pagar impuestos y cotizaciones sociales ha pasado del 39,8% en 2019 hasta el 41,4% en 2025. Es decir, un incremento de 1,6 puntos porcentuales en dicho período, porcentaje solo superado en Europa por Estonia, Lituania, Eslovenia y Luxemburgo. España ha pasado de ocupar el puesto 16 al puesto 10 de aquellos países que gravan con mayor intensidad impositiva sobre los salarios. El citado porcentaje del coste laboral en España del 41,4% se descompone de la manera siguiente: a) el 13,1% se destina al pago del IRPF; b) un 5% a las cotizaciones sociales que paga el trabajador; y c) el 23,4% se destinó al pago de las cotizaciones sociales que paga el empresario. Un coste que afecta a la creación de empleo. Sin las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, la presión fiscal relativa al pago del IRPF y de la Seguridad Social por el trabajador supone en España el 23,5% (un 17,1% al pago del IRPF y un 6,5% al pago a la Seguridad Social del trabajador). España con el 41,4% se ha situado por encima de la media de la OCDE del 35,1% en cuanto a la presión impositiva, aunque por debajo de países como Alemania (49,3%), Francia (47,2%) e Italia (45,8%), donde los contribuyentes tienen mayor poder adquisitivo y perciben mejores servicios públicos, mientras que en E.U.A con un 30% de presión fiscal se encuentra muy por debajo de la media europea.
Precisamente el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción el pasado 23 de abril para contrarrestar el actual “infierno fiscal”, exigiendo que el Gobierno deflacte la tarifa del IRPF con la finalidad de contrarrestar la inflación, así como la transposición de la Directiva europea para eximir a los pequeños autónomos de la recaudación del IVA.
España se encuentra entre los 10 países de la OCDE (38 países) donde más impuestos al trabajo se pagan pasando del 41,1% en 2024 al 41,4% en 2025. España ocupa el séptimo puesto en cargas fiscales a las familias con hijos a su cargo y un solo sueldo.
En definitiva, la carga impositiva total del trabajo (suma del IRPF y las cotizaciones a cargo de la empresa) supone el 88% en España frente al 77% de la media de la OCDE. La mayoría de los costes laborales en España recaen sobre la empresa por las cotizaciones a la Seguridad Social, una cifra que supone el 32% del coste, mientras que la media del trabajador con el 6% de media. La progresividad en frío constituye un aumento de la presión tributaria encubierta que contraviene la exigencia del mantenimiento de un sistema tributario justo previsto en el artículo 31 de la Constitución. Por lo que, resulta indispensable una disminución de la fiscalidad sobre los salarios en el IRPF, el aumento del poder adquisitivo de las clases sociales desfavorecidas, y el incremento de la eficacia en la gestión de los servicios públicos que permita una reducción de las necesidades de ingresos por parte de las Administraciones Públicas.
Un aumento de la eficiencia y de eficiencia en la gestión de las Administraciones, acompañado de una disminución del coste del factor trabajo que permita la generación de un mejor empleo y el fortalecimiento económico de las clases medias, en una equiparación con los países más avanzados de Europa.
