Esta condonación de la deuda a todas las Comunidades Autónomas, aprobada el pasado 2 de septiembre por el Gobierno, no supone un mero apunte contable de 83.252 millones de euros, ni una simple reasignación de pasivos que pasan de las regiones al Gobierno central, sino que esta condonación con una medida del 19,33 % para las Comunidades de régimen común implica un mal precedente al propiciar un mayor endeudamiento de las Comunidades y la bajada de la calidad crediticia de riesgo de España, junto con un mayor coste financiero para el Estado. Una situación que se agravará cuando se determine la financiación singular de Cataluña, con motivo de los pactos de investidura del Gobierno (PSOE-ERC y PSOE-Junts) y de los pactos investidura del presidente de la Generalitat (PSOE- ERC), lo que puede determinar que esa Comunidad recaude el 100 % de los tributos (PSOE-Junts) y la asunción del 20 % de la deuda catalana (PSOE-ERC) valorada en 17.104 millones de euros y un ahorro de otros 1.550 millones en ahorro de intereses.
Por otra parte, el pacto del PSC-ERC supone la cesión del 100 % de los impuestos a Cataluña y que las inversiones públicas del Estado en esta Comunidad se ajusten al Pib catalán en relación con el Pib nominal de España, cifrado en un 19 %. Este último pacto reafirma el principio de ordinalidad, es decir, que una Comunidad no puede recibir menos de lo que reciba aquella Comunidad que se encuentre inmediatamente después en la escala de Comunidades en función de su contribución, lo que Fedea ha cuantificado en un coste de entre 4.800-6.100 millones de euros para el resto de Comunidades.
La condonación supone un perjuicio para aquellas Comunidades que menos se han endeudado y mejor han gestionado sus haciendas, es verdad también que la ratio de deuda soberana no varía (puesto que la deuda condonada está incluida en el stock de deuda pública de las Administraciones Públicas), pero convierte al Estado en garante de la deuda autonómica e incentiva la emisión de la propia deuda autonómica, lo que afecta a la credibilidad fiscal de España.
Por otra parte, la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas esconde una operación de marcado sesgo político que desincentiva la responsabilidad fiscal de los entes regionales y que implica un simple traspaso de la deuda al Estado, de manera que será el contribuyente español el responsable final del pago de la deuda indicada. La Comunidad especialmente beneficiada es Cataluña con una condonación de 17.104 millones de euros (la Comunidad de Madrid solamente 8.644 millones de euros), frente a Castilla y León donde la medida representa una condonación de 3.318 millones de euros, por lo que el reparto infringe el principio de equidad que premia aquellas Comunidades que han gestionado mal y castiga a aquellas que actuaron diligentemente.
La condonación es parte del pacto de investidura con Esquerra Republicana y su generalización solamente busca dotar de una apariencia de imparcialidad a aquel pacto. La realidad es que la condonación incentiva la falta de disciplina fiscal, fomenta la desigualdad entre Comunidades y deslegitima el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
La medida parte de comparar el incremento del endeudamiento del cuatrienio 2010-2013 con el cuatrienio 2020-2023, lo que determina la señalada cifra de 80.310 millones de euros, resultando que Cataluña es una de las que obtiene mayor ventaja por habitante, mientras que no se tiene en cuenta la situación de las Comunidades infrafinanciadas: Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo que se otorga un trato de favor a las Comunidades que han elevado el IRPF entre 2010 y 2022 con una condonación adicional del 10% si lo hicieron por encima de la media y de un 5% en caso contrario, lo que representará 1.000 millones de euros adicionales condonados.
Una condonación que ha de solicitarse voluntariamente por las Comunidades por lo que la medida constituye una verdadera trampa para los Gobiernos regionales conservadores, a los que se les obliga a “tragar” con el pacto PSOE-ERC si quieren acceder a dicha condonación.
