Es la comidilla del verano. Una legislatura que no debía haber empezado y que ha llegado al lugar donde muchos -con perdón- decíamos que llegaría: a su punto muerto. Una legislatura que hace agua por la corrupción en manos de un huido de la justicia al que se le prometió impunidad a cambio de sus votos: la maquinaria del Estado al servicio de los forajidos. Mientras, también a cambio de votos, se ahonda una sima de desigualdad entre catalanes, vascos y resto de los españoles, cada vez más profunda. Antes, las dos Españas se separaban por proyectos políticos antagónicos, ahora, son la de los privilegiados y la de los desafortunados pagadores de la fiesta independentista. En nombre del progreso y la igualdad (sic).
A principios de la segunda legislatura de 2019, cuando se formó la coalición ‘Frankenstein’ con los partidos regionalistas, separatistas y de extrema izquierda ciertos articulistas quisieron comparar la situación con la creación en 1936 del Frente Popular. Ciertamente tuvieron que salir al paso algunos historiadores (Varela Ortega) para hacer algunas aclaraciones y evitar ‘presentismos’ que nos impidieran entender que las circunstancias eran otras.
Y siendo ello cierto, sin embargo, da la sensación de que la historia no se repite exactamente igual, pero cambiando las circunstancias, ciertos patrones, dinámicas o errores tiende a aparecer de forma parecida en distintos momentos históricos manifestándose en el presente ciertos ecos del pasado.
Es el caso del paralelismo de los Gobiernos desde 2018 y la Segunda República si tenemos en cuenta también el número de decretos y la ausencia de presupuestos.
En efecto, entre abril y diciembre de 1931 (antes de la aprobación de la Constitución), el Gobierno Provisional legisló exclusivamente por decreto, ya que no existían aún unas Cortes Constituyentes. Se aprobaron más de 400 decretos, incluyendo reformas clave como la libertad religiosa, el sufragio femenino, la reforma agraria o el proyecto de autonomía de Cataluña. Durante el bienio reformista (1931–1933) del Gobierno de Azaña, se abusó menos de los decretos-ley que en el periodo provisional, pero tampoco fueron menores. Llegado el Bienio conservador (1933–1935) el uso de decretos-ley se intensificó, los Gobiernos de Lerroux y de la CEDA tampoco se privaron. Iniciado el Frente Popular (1936) el uso de decretos-ley fue común, sobre todo para restituir medidas anteriores anuladas por gobiernos conservadores. Con el estallido de la Guerra (in)Civil en julio de 1936, el gobierno republicano dejó de contar con un Parlamento activo, y todos los actos normativos pasaron a ser decretos o normas ejecutivas.
¿Y qué pasó con los presupuestos? En 1931 se gobernó con los presupuestos de la Monarquía, en 1932 y 1933 se aprobaron los presupuestos de los Gobiernos de Azaña que contenían una clara orientación reformista, pero la fragmentación política posterior impidió volver a aprobar más presupuestos y obligó a los Gobiernos sucesivos a prorrogarlos un año tras otro.
Pues bien, desde junio de 2018 hasta noviembre de 2022, se aprobaron 132 reales decretos‑ley superando el anterior récord establecido por Felipe González. Algún año ha llegado a representar más del 70% de la producción legislativa (el año del COVID). Durante los ocho años de Gobiernos de José María Aznar, se aprobó prácticamente el mismo número.
Hoy, a pesar de la obligación constitucional de presentar los presupuestos (Art. 134.3), el Gobierno lleva dos años prorrogándolos y sin visos de tener otros el año que viene. A raíz de la corrupción que salpica a este Gobierno, deberíamos recordar a John C. Maxwell cuando decía que “presupuestar es decirle al dinero dónde ir… en lugar de preguntarte a dónde se fue.”
Por tanto, si bien es verdad que la historia no se repite “pero rima” y que las circunstancias, nacionales e internacionales, son otras, la ruptura del pacto constitucional establecido durante la Transición nos aboca a una inestabilidad que hace que los Gobiernos tomen algunas de las medidas que se tomaron en uno de los períodos políticos más inestables y de peores consecuencias de nuestra historia. España necesita pasar página y volver a la senda de la estabilidad, nos jugamos mucho.
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* Es director de la Fundación Transición Española.
