El cuerpo me pide escribir sobre la amnistía de una manera visceral, incluso cruel. Sin embargo, por respeto a los prudentes lectores de este periódico, voy a intentar hacer un comentario reflexivo, crítico pero mesurado, sobre la aprobación de la amnistía. Amnistía que muchos consideramos inconstitucional, pero que ha recibido el aval del Tribunal Constitucional de una manera que a juicio de la mayoría de los españoles es injusta, y además no se acomoda ni a las leyes ni a la razón.
Y ahora, por si faltara algo en este desagradable sainete, el Sr. Santos Cerdán acaba de confesar, con toda desfachatez y ante el Supremo, que negoció la amnistía porque era “esencial para la investidura de Sánchez”. Todos lo sabíamos, pero oírlo de esa manera tan cruda y descarnada produce el mayor de los rechazos y provoca gran repugnancia.
Pero lo cierto es que la aprobación de una ley de amnistía que vulnera— según una parte cualificada de la doctrina jurídica— los principios fundamentales de la Constitución, y que sin embargo recibe el beneplácito del desacreditado Tribunal Constitucional, marca un antes y un después en la historia institucional de España.
No se trata de un simple debate técnico. Lo que está en juego es algo más hondo: el equilibrio entre la ley y el poder, entre el texto constitucional y las mayorías parlamentarias circunstanciales, entre el espíritu de la transición y las urgencias de una investidura.
La amnistía, por definición, borra el delito; es como si nunca hubiera existido. No es un perdón (como el indulto), sino un olvido oficial. Y eso implica algo gravísimo en un Estado de Derecho: la ruptura deliberada del principio de igualdad ante la ley. No todos los ciudadanos serán ya iguales si algunos, por conveniencia política, quedan exentos de responsabilidad penal simplemente porque así lo exige la aritmética parlamentaria.
La Constitución española de 1978 no menciona la amnistía entre las competencias legislativas ordinarias. Al contrario, la amnistía fue uno de los puntos de partida de la democracia, no un mecanismo recurrente dentro de ella. Fue una medida excepcional para cerrar el franquismo, no un comodín para comprar estabilidad. Usarla ahora, décadas después, para beneficiar a políticos que desafiaron la legalidad y buscaron romper la unidad nacional, es pervertir su sentido histórico.
El hecho de que el Tribunal Constitucional del impopular y patético Pumpido haya avalado esta ley —en contra del criterio de numerosos juristas, asociaciones de jueces, y la opinión de magistrados de prestigio— alimenta una sospecha peligrosa: que el árbitro ya no es imparcial, que el control de constitucionalidad ha sido absorbido por la lógica partidista. En definitiva, han degradado el tribunal Constitucional de tal manera que los españoles perciben que ya no se dedica a garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales reconocidos en ella, sino a rendir servicios al poder.
Y aquí me voy a permitir un pequeño paréntesis, para decir que algún día divulgaré el comportamiento de Conde-Pumpido en su etapa de presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, porque ya se le adivinaban maneras. Entre otros fue a por mí, cuando era diputado del PP, pero el Supremo le dio un varapalo que no olvidará fácilmente.
Por otra parte hay que señalar que cuando el poder político deja de temer a los jueces y los jueces pasan a depender del poder, la democracia entra en una zona de sombra. Lo que era un escudo contra los abusos se convierte en un trampolín para justificarlos. Y la consecuencia es doblemente dañina: por un lado se pierde la confianza en la justicia, porque parece servir a intereses circunstanciales, y por otro se deslegitima la Constitución, porque si puede reinterpretarse a voluntad, ¿qué valor tiene?
La verdadera gravedad de este momento no está solo en el contenido de la amnistía, sino en el doble precedente que se establece: que un gobierno puede sacrificar principios constitucionales para lograr su investidura y que el Tribunal encargado de vigilar la Carta Magna puede aceptar ese trueque para rendir un servicio al poder.
Lo que se amnistía no es solo a los beneficiarios del procés. Se amnistía el cálculo, la trampa, la deslealtad institucional. Se amnistía la mentira. Y eso no se olvida fácilmente, porque como advertía Tocqueville: “Nada es más peligroso que la corrupción del mejor de los sistemas.”
Y el Estado de Derecho, cuando empieza a deteriorarse desde dentro, no suele anunciar su caída con estruendo, sino con aplausos legislativos y sentencias acomodadas. Y en esas estamos. Pero lo tendremos que evitar entre todos porque como decía Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa”.
