Desgraciadamente España ha tenido el “honor” de sufrir el primer apagón total en un país europeo. Millones de españoles quedaron sin electricidad, atrapados en calles, hogares, transportes y lugares de trabajo. El colapso no solo afectó al transporte público, a hospitales o a sistemas de telecomunicaciones, también paralizó toda la infraestructura financiera digital: tarjetas bancarias, plataformas de pago y aplicaciones móviles. Muchos españoles se vieron incapaces de comprar ni siquiera una botella de agua, demostrándose en ese preciso instante que el dinero en efectivo, al que tantos pretenden desterrar, sigue siendo insustituible. No solo es esencial en situaciones de emergencia, sino que también es un pilar fundamental de la privacidad, la libertad y la soberanía económica.
Más allá del desconcierto técnico y del colapso logístico, el hecho más grave fue la respuesta gubernamental, por su falta de transparencia, sin dar una explicación clara ni convincente de lo ocurrido. El presidente del gobierno solo compareció para declarar que 15 gigavatios se habían perdido súbitamente del sistema, pero sin ofrecer ningún detalle de las causas, afirmando que estaban abiertas todas las posibilidades. Pero eso sí, sin admitir ninguna responsabilidad del Gobierno, como escuchamos en la DANA, señalando a los suministradores privados.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, también negó ninguna responsabilidad por parte de su empresa y desvincula el apagón de las renovables. Declaró que habían hecho lo que debían, que no conocía las causas exactas y rechazó cualquier relación del apagón con el exceso de renovables, que el sistema ha aprendido del fallo y que es improbable que vuelva a ocurrir.
Ante esas afirmaciones cualquiera se queda perplejo. Si no conoce la causa exacta, ¿cómo sabe que ha hecho lo que debía?, ¿cómo sabe que no hay relación con las renovables?, ¿cómo puede haber aprendido del fallo, sin conocerlo? y finalmente, ¿cómo puede saber que es muy improbable que se repita?
Cuando se tiene una mala experiencia, es fundamental aprender de los fallos, pero para eso se necesita una mente abierta que acepte todas las posibilidades. El problema con los políticos es que no están dispuestos a estudiar la realidad de forma objetiva y presionan a los profesionales para que les den las respuestas que quieren oír, con algún barniz científico, para vendérselo a los ciudadanos. No se trata, por tanto, de hacer reuniones de crisis con políticos que no son técnicos y sólo pueden opinar desde la ideología. Hay que escoger a los mejores especialistas y aceptar el veredicto que dé la mejor explicación, aunque no nos guste. La ciencia y los técnicos tienen que trabajar sin presiones políticas, buscando la verdad de lo que ha sucedido
Lo que está claro es que la ideología energética es muy cara. Los expertos calculan que el cierre programado de centrales nucleares elevará nuestra tarifa eléctrica en 8000 millones de euros y disparará la energía un 36%.
El comisario europeo del clima acaba de declarar que la nuclear es parte de la solución a la sostenibilidad energética y la energía limpia de la UE. También el Consejo de Seguridad Nacional advirtió de los riesgos al ministerio de Transición sobre el riesgo de la excesiva dependencia de las renovables, que se materializó a la hora del colapso, en la que las renovables copaban más del 70% del mix eléctrico. La energía solar representaba un 58% y la eólica un 13%. Mientras tanto, la nuclear y el gas estaban prácticamente apagados: un 12% y 3,8% respectivamente.
Los culpables no son los operadores privados que simplemente responden a incentivos, sino el apostar por una arriesgada agenda ecologista. El gran culpable técnico que surge del análisis energético es claro: la sobreexposición a las renovables. No se trata de demonizar estas fuentes, sino de denunciar la obsesión ideológica y sectaria del Gobierno por imponerlas como únicas, eliminando alternativas como la nuclear o el gas que aseguran estabilidad.
Es hora de debatir sobre la complejidad de cuadrar una sobreexposición de renovables con la necesidad de disponer de generación de otras fuentes para protegernos de los cortes, una verdad incómoda para un gobierno obsesionado con la ideología de la agenda 2030.
