Hemos visto atónitos y desconcertados la forzada dimisión de Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. Convocado por Moncloa, se le comunicó su cese y en un par de días el presidente de Indra pasó a ser presidente de Telefónica y ya de paso, aprovecharon para poner un nuevo presidente en Indra. La consigna es que ya tocaba, pero no aclaran por qué ya tocaba. La cruda realidad es que cuanto más débiles están, más se vuelcan en conseguir mayores cuotas de poder. Aunque lo cierto e innegable es que ha habido un claro retroceso al tomar el Gobierno el control de esta multinacional que ya fue privatizada en su día por Aznar. La prueba más evidente es que las acciones de Telefónica lideraron las pérdidas del IBEX 35 con una caída de un 3% y unas pérdidas en los títulos de casi 4 euros. Por tanto la Bolsa castigó el relevo en Telefónica de una manera importante.
Lo normal es que se procure la privatización de empresas y no al revés. Y de eso alguna experiencia tengo porque en la primera legislatura de Aznar, me eligieron por unanimidad coordinador de la subcomisión de Privatizaciones. Su objetivo era el seguimiento de los procesos de privatización y conversión de las empresas del sector público. Para ello, deberíamos conocer las operaciones concretas de privatización realizadas con previa autorización del Gobierno, según lo previsto en el acuerdo de Ministros donde se establecieron las bases del programa de modernización del sector público empresarial del Estado. Tuvimos que manejar toda la información económica y social de las principales empresas públicas, mirar al detalle cuáles eran susceptibles de ser privatizadas, y hacerlo cumpliendo los objetivos de publicidad y transparencia. Allí conocí la problemática de Cetarsa (entre otras muchas) sin saber que un día la presidiría.
Curiosamente, una de las primeras preguntas que me hicieron en Extremadura cuando me nombraron presidente de Cetarsa, era si venía para privatizarla. Yo recordaba que Cetarsa no solo no hacía ningún tipo de competencia desleal sino que era fundamental para el sostenimiento y la renta de los productores de hoja de tabaco, con lo cual mi respuesta negativa fue clara y contundente. Lo que demuestra que no había que privatizar las que tuvieran un claro compromiso económico y social y en este caso era evidente que la producción agrícola era uno de los pilares en los que se sustenta la empresa. Pero no era el caso de otras compañías.
La subcomisión de Privatizaciones (formada por 12 diputados: 3PP, 3PSOE, 2CIU, 2IU, 1PNV Y 1CC), lo que pretendía fundamentalmente era cumplir los objetivos de publicidad y transparencia, a través del conocimiento por parte de los representantes de la soberanía popular del proceso de privatizaciones en el sector público. Me dio mucho trabajo, pero cumplí el principal objetivo que era la total transparencia y evitar conflictos y suspicacias por parte de los grupos parlamentarios de izquierda que estaban siempre dispuestos a embarrar la acción del Gobierno.
Las privatizaciones en el sector público exigieron mucho diálogo con los agentes sociales, se hicieron con transparencia y rigor y siempre teniendo en cuenta que no había que cerrar ninguna empresa ni debería peligrar el empleo. El Gobierno fue exquisitamente escrupuloso en el cumplimiento de la ley.
Nos parecía que no tenía ningún sentido que el Estado fuera dueño de ciertas empresas, y por tanto, después de estudiar sesudos informes y analizar concienzudamente la situación y objetivos de las principales, se decidió la privatización de 52 compañías, por un valor superior a los 31.000 millones de pesetas. Y según los datos del propio Gobierno, la venta de estas empresas públicas había provocado una aumento del 10% de su empleo, un 40% de su facturación y un 60% de sus inversiones.
Pues bien, como se acaba de ver, Sánchez recorre el camino a la inversa con el asalto a Telefónica para tener su control. Además, haciendo algo tan inusual e insólito como que un presidente del Gobierno llame a Moncloa al presidente de una compañía para cesarlo y posteriormente sustituirlo por alguien más afín.
Clara confusión entre Gobierno y Estado. Unos dicen que es porque Telefónica conserva todos los datos del teléfono del fiscal general del Estado, otros porque tiene que declarar en el juicio del caso del “software” de Begoña, y los más, simplemente porque entienden que Sánchez quiere apoderarse de todo lo que pilla.
