En estas fechas navideñas donde prima el consumo y el gasto, sería necesario que tomáramos nota de los últimos informes sobre la pobreza en España: IX Informe Foessa de Caritas, el de UNICEF y el informe de Save The Children, donde se refleja la existencia de 10 millones de personas en alguna situación de exclusión social en nuestro país, lo que supone dos millones más que en 2007.
Tras la crisis económica y social en España derivada de la COVID-19 se ha iniciado un camino de recuperación en la economía española y que ha continuado en el año 2024 con un crecimiento económico más sólido de lo esperado. Sin embargo, los datos macroeconómicos no pueden esconder la realidad de la situación de la sociedad española, precisamente la más vulnerable.
En efecto, el aumento del consumo privado, del turismo y las exportaciones no se ha traducido en mejoras equitativas en todos los grupos poblacionales. El crecimiento económico en términos globales no ha generado reducir las tasas de pobreza de nuestro país. Los precios de la energía y de los alimentos se han moderado pero ello no significa que estos precios hayan bajado, sino que han crecido menos que el período anterior. Los hogares cuyos presupuestos dependen en gran medida de los gastos en alimentación y energía han visto afectada su situación por una inflación tan acusada en los últimos años. La evolución de la economía española ha tenido su traslado al ámbito del empleo con el crecimiento de la población activa motivado fundamentalmente por personas trabajadores migrantes. La mayor parte de estos nuevos empleos han sido ocupados por personas de origen extranjero, al mismo tiempo que preocupa el tipo de empleos que se han generado, una creación concentrada en el sector servicios, a menudo de baja remuneración y estabilidad. Es decir, como señala el indicado informe, un empleo con menor capacidad de integración y económica, ocupado precisamente por personas de un colectivo de especial vulnerabilidad. Es decir, nos encontramos ante una dinámica de tipo estructural en nuestro sistema social, lo que provoca que una crisis tenga un impacto social negativo intenso mientras que los períodos de bonanza no logran compensar aquellos efectos en los colectivos vulnerables, por lo que se requieren reformas estructurales a largo que coadyuven a la solución de este problema.
La propia Comisión Europea en su reciente informe de 17 de diciembre de 2024 advierte que España está a la cola de la Unión Europea en materia social y varios indicadores alertan de una “situación crítica” en nuestro país, como abandono escolar, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tanto general o infantil, sin que el impacto de las prestaciones sociales haya mitigado la situación. El Informe de la Comisión señala que en 2023 en España, los porcentajes de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, tanto general o infantil, aumentaron hasta el 26,5% y 34,5%, respectivamente, “significativamente por encima de la media de la UE-21,3% y 24,8%, lo que representa una “situación crítica”. En el mismo sentido, el abandono prematuro de la educación y formación sufrió un repunte en 2023 en nuestro país, hasta el 13,7%, frente a la media comunitaria del 9,5%, mientras que el impacto de las 34,7% prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza disminuyó hasta el 22,9%, frente a la media de la UE del 34,7%, al mismo tiempo que la desigualdad de ingresos- medido en relación con la ratio entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre-, se mantuvo a niveles elevados en 2023 (5,5 frente a 4,7 de la UE. En resumen, las proclamas gubernamentales no pueden esconder la realidad social española, marcada por la desigualdad y los altos niveles de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tanto general como infantil.
