EMILIO MONTERO HERRERO
Comenzamos este repaso a finales del mes de julio, con las trampas del chavismo en las elecciones en Venezuela, proclamando la victoria de Nicolás Maduro cuando el claro vencedor fue Edmundo González al frente de la oposición, avalado por los observadores internacionales y el Carter Center, haciéndolo además con contundencia, con aproximadamente el 70 por ciento de los votos, como quedaría demostrado con el recuento manual de las actas.
Hoy, salvo las autocracias y los comunismos más radicales, todos coinciden en que en Venezuela se produjo el fraude más descarado de las últimas décadas en todo el mundo. La victoria de Maduro sólo ha sido reconocida por China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y otros pocos países de la izquierda mundial, mientras que el resto condenan el fraude. Pero el chavismo ha decidido seguir el consejo que Fidel le dio a Hugo Chaves al decirle que “perder el poder después de haberlo conseguido es de huevones”. Y como los autócratas se las gastan como todos sabemos, Nicolás Maduro ha desatado una represión feroz contra quienes protestan del pucherazo, con más de mil detenidos y decenas de muertos.
El papel de España en torno al fraude venezolano ha quedado en entredicho por su silencio. Además, dos conocidos españoles son activos colaboradores de Maduro. Son el expresidente Rodríguez Zapatero y el podemita Monedero. Llama especialmente la atención la actitud vergonzosa de Rodríguez Zapatero, que ha sido incapaz de denunciar el fraude electoral perpetrado por sus amigos chavistas. ¿Qué le deberá a Maduro para ampararle con su silencio ante el clamor internacional?
Y ¿qué va a ocurrir ahora en Venezuela? Lo más probable es que la dictadura continúe a pesar de las presiones internacionales, eso sí cubierta de más podredumbre y oprobio, salvo que la dignidad retorne a las fuerzas armadas venezolanas, contaminadas por agentes cubanos y por una labor intensa de humillación desplegada por el régimen. Sólo si los militares venezolanos recuerdan que se deben al pueblo y a la verdad, Maduro tendría que irse al exilio con el rabo entre las piernas, si no es detenido y juzgado como merece.
Y ya en agosto nos encontramos con el patético día 8, en el que es difícil creerse que los Mossos, la Policía Nacional y el CNI no tuvieran información sobre cómo y cuándo Carles Puigdemont entró en España, se presentó ante las puertas del Parlamento y volvió a desaparecer como por arte de magia. Si fuera así la profesionalidad de estos tres cuerpos de seguridad quedaría en entredicho.
En ningún país democrático del mundo sucede lo que ocurrió ese día en Cataluña. Sin datos objetivos que seguramente nunca tendremos, no es descabellado pensar que detrás de todo esto ha habido algún tipo de acuerdo para que los acontecimientos se hayan desarrollado de esa forma.
En definitiva, que la sociedad sospecha que se permitió escapar sobre quien pesa una orden de detención por posible delito de malversación, el tipo penal que el Tribunal Constitucional considera que no cabe bajo el paraguas de la ley de amnistía, permitiéndole dar un mitin con impunidad, luz y taquígrafos y retransmitido en directo para todo el mundo, convirtiéndose en el esperpento Puigdemont.
También en agosto, tenemos la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, que lejos de ser el broche de normalización, tiene agravantes compromisos para premiar a Cataluña con el intento de convencer a 39 millones de españoles, explicándoles que un poco más de 9 millones residentes en el País Vasco y Cataluña van a detraer 50.000 millones más impuestos, que se quedarán en Cataluña, pero que casi el 28 por ciento del déficit de las pensiones, que se suman al País Vasco y Cataluña, lo tendremos que pagar el resto de los españoles, convirtiéndose en un engaño insolidario que rompe la caja común como pago para seguir en la Moncloa.
En definitiva, un verano esperpéntico para el Estado, que acuerda con los que repudian a España, sin consultar a nadie, ni siquiera a su partido, romper el principio de solidaridad fiscal entre los españoles, quedando pendiente una vez más del prófugo Puigdemont, que ha llegado medio clandestino para demostrar que manda sobre el presidente del Gobierno y, por ende, sobre España.
