Al ritmo del incremento del turismo, la economía española sigue creciendo en términos nominales, lo que no puede esconder las grandes contradicciones que padece. Se mantienen inquebrantables la tasa de paro y la baja productividad. Datos que impiden la convergencia de España con los países de la Unión Europea desde finales del siglo XX. En efecto, la diferencia de renta entre España y la Unión Europea no se ha reducido desde la década de 1990, de modo que el PIB per cápita de la economía española se situaba en 1990 en el 92% del dato registrado en la Unión (100), mientras que en el año 2022 ese porcentaje ha bajado al 85% de la media comunitaria, básicamente por la baja productividad y por nuestros niveles de desempleo.
El desarrollo de la robótica y la Inteligencia Artificial determinarán una reasignación del empleo entre sectores y ocupaciones y la demanda de nuevas cualificaciones profesionales, lo que requerirá la generación de nuevas políticas de empleo. Sin embargo, lo que se propone es una reducción de la jornada de trabajo y el aumento del salario mínimo, sin tener en cuenta un compromiso en relación con un aumento de la productividad.
El paro estructural (la tasa de empleo se sitúa en el 65,9% de la población española en 2023, 4,5 puntos menos que la media europea) y la baja productividad son los grandes retos de la economía española, por lo que las medidas a tomar son aquéllas que permitan la eliminación de aquellos factores que impiden el crecimiento de las empresas, limitadas por el déficit tecnológico de la economía española y la falta de inversión en innovación.
El Informe anual 2023 del Banco de España expone que España ha dejado de converger con Europa de un modo sostenido desde la crisis financiera de 2007. La brecha actual es de unos 15 puntos porcentuales en renta per cápita, como se ha expuesto, y los principales motivos son la baja productividad y la baja tasa de empleo. A su vez, estos factores están estrechamente relacionados con otros importantes desafíos que afronta la economía española, en primer lugar la ralentización del crecimiento de la productividad condicionada por el tamaño y la demografía empresarial de nuestro país, con un peso significativo de las pequeñas empresas.
En cuanto al capital humano, el nivel formativo es inferior a la media europea, por lo que el Banco de España aboga por una revisión profunda de nuestro sistema educativo, la mejora del sistema universitario vinculando su financiación al cumplimiento de los objetivos de mejora y adecuando la oferta a la demanda, junto con un aumento de la Formación Profesional dual, complementada por una formación continua de los trabajadores.
En segundo lugar, la proporción de empresas innovadoras en España es baja y el gasto en investigación, desarrollo e innovación (I+D+í) es reducido, por lo que es necesario mejorar la eficacia de los incentivos fiscales a la investigación y el acceso a las fuentes de financiación.
Por último, debe aumentarse la confianza de los agentes económicos en las instituciones como factor determinante del crecimiento a largo plazo, la caída de los indicadores de confianza institucional exige el impulso de la eficiencia de las Administraciones Públicas y el establecimiento de controles relativos a la evaluación de políticas públicas.
