Llegada cierta edad, resulta recomendable someter a este cuerpo que se va desgastando, a una revisión médica. Es el momento de someterlo a una extracción para poder realizar ciertos análisis clínicos.
La denominada democracia en España va a cumplir cuarenta y nueve años y la Constitución que rige la normativa reguladora de nuestra convivencia va para los cuarenta y seis. Un tiempo suficiente para analizar su estado de salud y comprobar los efectos que, los permanentes intentos de manipulación y retorcimiento interpretativo en favor de quien ostenta el poder, hubieran podido causarles a ambas. Un exhaustivo examen clínico de su estado actual, nos lleva al diagnóstico y a la certeza de que, aquello que parecía inamovible e inquebrantable, tiene más agujeros que los imaginados, cuando nos encontramos frente a individuos que no juegan con las reglas pactadas de inicio.
Durante los últimos años, hemos podido comprobar cómo ese sistema de partidos políticos establecido, ha venido degenerando su obligatorio funcionamiento democrático, haciéndolo caer en una quimera teórica totalmente alejada de la realidad práctica. Por otro lado, esa imaginaria separación de poderes, entra potencialmente en conflicto, a la vista del devenir del sistema democrático y de diversos artículos de la Carta Magna que, como científicos analistas, trataremos de desmigar.
El artículo 68.3 establece la representación ciudadana asentada en un sistema de proporcionalidad sobre la base de listas cerradas elaboradas por aquellos partidos políticos. Su consecuencia es una leve enfermedad que, con el paso de los años, puede llegar a convertirse en una dolencia letal. En la práctica, en primer lugar, cada voto no tiene el mismo valor representativo. Y, en segundo, la separación de poderes se convierte en una mera separación de funciones entre Congreso, que legisla, Gobierno, que ejecuta dichas leyes y Poder Judicial, que las aplica, interpreta y enjuicia. Pero, incluso esta separación de funciones (que no de poderes) se viene al traste en el momento en el que quien gobierna, el líder del partido de turno, ostenta el control de la mayoría de del Órgano que legisla, el cual, a su vez, nombra a los miembros del Poder Judicial, que es quien designa a los magistrados que ocupan los lugares estratégicos en las más altas esferas de la judicatura. A estos ingredientes fundamentales se le añade el aderezo de la ilegal utilización del Decreto Ley para un fin diferente de aquel para el que fue creado, que no hace más que concentrar un poder casi absoluto, en manos de un único individuo: el líder del partido.
Todo esto, que se tambalea desde su propia base, puede mantenerse en pie, aun con suma debilidad, en tanto en cuanto ese cabecilla que ha logrado gobernar tiene un cierto grado de honestidad. Pudiera darse el caso, y de hecho se ha sucedido en muchas ocasiones a los largo de la historia y de los diferentes países que acontece cuando ese simple jefecillo de partido se empeñe en imponer su voluntad sobre todos los demás y perpetuarse en el poder durante décadas, a toda costa, y sin posibilidad de ser derrocado.
Para ello, comienza una labor de conquista sibilina de los puestos estratégicos. Lo hace con sus ministros y asesores, encargándose previamente de que sean de similar calaña a la suya, regándolos después de lo que más ansían. Con la estadística, para manipular las encuestas. Con la fiscalía, para ordenarla sobre quién debe dirigir la acusación y sobre quien le está vetado hacerlo. Con la empresa que recuenta los votos en las elecciones, para controlar y, si se puede, arañar los votos que le faltan. Con los sindicatos, para arengar las calles. Con los socios de gobierno más abyectos, pagando su alianza declinando ante sus más inauditas peticiones. Con el Servicio de Inteligencia, para ocultar aquello que le perjudica y espiar al contrincante. Con los medios de comunicación oficiales, regándoles con el dinero de todos a cambio de sus opiniones. Con el Tribunal Constitucional, para blindar sus posibles irregularidades. Con los Magistrados de las altas esferas, utilizando políticas de boicot generadoras de vacantes y colapso del sistema. Con todo ello, sus medios entierran escándalos, sus fiscales solicitan el archivo de asuntos en los que se encuentran envueltos, etc. Además, gestionan a su antojo la política exterior, ninguneando, tanto al Jefe del Estado, como a sus propios ministros y parlamentarios y, no digamos ya, a sus votantes. Incumplen lo que dicen. Mienten compulsivamente. Manipulan lo existente y lo ficticio.
El caso es que, cuando están realmente “tocados” por todos los frentes, sus acciones se convierten en injustificables, inconstitucionales e indefendibles, cuando el fango de la corrupción que les rodea les llega al cuello y el dinero recibido de Bruselas ha desaparecido, se esconden haciéndose las víctimas, someten a toda una nación a la incertidumbre y la zozobra durante cinco días en evidente dejación de funciones y regresan, con cara de niños buenos y heridos, amenazando a todo aquello que les falta por controlar, esto es, a los jueces y a los medios de comunicación independientes.
En su inmensa soberbia pierden la perspectiva de que, en ambos casos, el control resulta imposible. Subyugar a casi seis mil jueces se me antoja una tarea inverosímil. Pero, tratar hacer callar a millones de personas, es algo que sólo puede estar en la imaginación de quien, en su insaciable ansia de poder, ha perdido por completo el contacto con la realidad. Todos sabemos lo que es el respeto al derecho al honor y las normas que permiten expresarse libremente. Y dentro de ese marco, nos va a seguir escuchando, le guste o no. La palabra es inviolable, la expresión libre, si cumple las reglas de juego y los ciudadanos, fuente inagotable de opinión y de pensamiento.
