El poder en una democracia no se legitima si no está sometido a controles efectivos tanto por el Parlamento como por los tribunales de justicia. La responsabilidad en su uso y la transparencia en sus decisiones son imprescindibles. El Papa Francisco acaba de calificar de “abuso perverso del poder” la invasión de Ucrania por la decisión del primer mandatario de Rusia. Algo que, unido al genocidio que está causando, debería llevarle más pronto que tarde ante la Corte Penal Internacional para ser juzgado como criminal de guerra.
Pero hay otros abusos de poder, evidentemente menos graves, que dañan la esencia del Estado de Derecho. La decisión personal del presidente Sánchez sobre el Sáhara, sin ni siquiera informar a su Gobierno ni al Parlamento, es uno de ellos. El abuso del decreto ley por el Gobierno para evitar, también, el control parlamentario, es otro. El fraccionamiento indebido de contratos por las Administraciones públicas para evitar su fiscalización y otorgarlos a personas o empresas “cercanas”, es un fraude de ley que se repite todos los días. “Razones de urgencia”, casi nunca razonadas, han multiplicado durante la pandemia estas adjudicaciones “a dedo”.
El nombramiento de personas ideológicamente afines en cargos públicos para los que no tienen preparación contra lo que marca la ley es un escándalo permanente. En cargos de la Administración, en embajadas, en empresas públicas… Exministros, ex altos cargos de la Administración destituidos son pagados, y muchas veces silenciados, con prebendas injustificadas y sueldos que superan y hasta triplican lo que cobran el presidente del Gobierno y sus ministros. El caso de la Fiscalía General del Estado es también de libro. A su frente, una exministra que promociona a la cúpula fiscal a los miembros de la asociación de fiscales a la que pertenece frente a la mayoritaria en la carrera y que no ha tenido reparo en mentir al Parlamento, destroza la presunción de independencia, elemento nuclear de la institución.
Pero, al margen también del “escándalo de los escándalos”, los nombramientos de vocales del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas -el último reparto de cromos lo realizaron el defenestrado García Egea, por el PP, y el ministro Bolaños, hace apenas cinco meses-, hay otro caso gravísimo que demuestra cómo el poder político se mofa del Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo acaba de suspender el amaño pactado por el Gobierno y el PP para colocar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos a dos personas, cuyos nombres divulgó un mes antes de que se iniciara el proceso selectivo de concurso de méritos al que podía presentarse cualquier persona. Una vez descubierto el fraude, la presunta y más que posible prevaricación, el Gobierno se inventó un procedimiento de ternas -en las que, por supuesto estaban los dos designados por Gobierno y PP- y trató de implicar al Congreso en el amaño para que las legitimara.
Los aspirantes no han tenido acceso a las puntuaciones otorgadas en la selección ni a la motivación o a los baremos empleados. Y menos mal que el Supremo -la justicia sigue siendo la última esperanza en muchas cosas- ha paralizado el proceso. Organismos que deberían ser manifiestamente independientes tienen un lastre que acaba con su reputación y da alas a quienes quieren acabar con el sistema. Haría bien Núñez Feijóo en comprometerse, y comprometer a Sánchez, en acabar con estos fraudes al Estado de Derecho, también un abuso perverso del poder.
