El Covid 19 sigue haciendo estragos. La vuelta a la actividad política -el próximo martes se reunirá el primer Consejo de Ministros post vacaciones- no encuentra el escenario de “nueva normalidad” previsto en la agenda del Gobierno cuando, a finales de junio, finalizado el Estado de Alarma, se dio prácticamente por controlada la pandemia que desde primeros de marzo se ha cobrado no menos de cincuenta mil vidas.
Los contagios prosiguen. En algunas comunidades -Madrid, Aragón, País Vasco y Cataluña- con una persistencia que desafía las previsiones de los expertos. Sí la cuestión sanitaria es preocupante, la educativa, en puertas del inicio del curso escolar y universitario, es desconcertante. A tres semanas del comienzo del curso, no hay un plan conjunto que aplicar.
El Ministerio de Educación (y también el de Universidades) están desaparecidos y las comunidades autónomas van a cada una por su lado. Algunas quieren que los alumnos vuelvan a las aulas y las clases sean presenciales, otras quieren hacerlo telemáticamente; también se habla de fórmulas mixtas. El resultado es el desconcierto general. En Madrid algunas asociaciones de profesores anuncian para el 10 de septiembre una huelga para protestar por la situación. Reclaman la vuelta a las clases presenciales, contratación de más docentes, más medidas de protección frente al Covid 19 y acabar con la docencia a distancia. Desde la Consejería madrileña de Educación denuncian el carácter político de la protesta. Parece que en otras comunidades gobernadas por el PP se preparan acciones similares.
Así las cosas, parecería lógico que ante un panorama que en todo el territorio nacional crea incertidumbre a los padres y familiares de los alumnos preocupados, lógicamente, por la educación de sus hijos pero, sobre todo, por la amenaza que puede suponer un vuelta a las aulas sin la debida protección frente a la amenaza de posibles contagios, la ministra de Educación, la señora Isabel Celaá diera señales de vida. Y también su colega de Universidades, el señor Manuel Castells. No habiendo remitido la pandemia resulta lesivo para el interés común que en Educación se amparen en que la mayoría de las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas.
Sí en una situación de emergencia como la que seguimos padeciendo el primer escalón de la Administración competente en estas materias no participa en el diseño de un plan capaz de garantizar una vuelta segura a las aulas, sería legítimo preguntarse para qué tenemos un Ministerio de Educación y otro de Universidades.
