Las izquierdas españolas tienen la deplorable práctica de ‘condenar’, sin atisbos de duda ni el menor respeto al precepto constitucional de ‘presunción de inocencia’, a cualquiera que ellos consideren un adversario peligroso para sus objetivos políticos. Tal es el caso del Rey Juan Carlos, que, sin estar siquiera procesado y mucho menos condenado por Sentencia judicial, se ha visto sometido a un linchamiento de la extrema izquierda y sus compinches mediáticos, así como a presiones encubiertas a la Casa Real desde el sector hipócrita-socialista del Gobierno, lo que ha concluido en un exilio autoaceptado, que ha sido tildado por ultraizquierdistas y separatistas como si de la huida de un prófugo se tratara. Tiene más crédito para la basura antisistema lo que diga una ‘trotamundos’ o un ‘policía corrupto’ que el escrutinio final de la Justicia; hay que atacar ahora y no sólo a la persona, sino a la Institución Monárquica y con ello a la Constitución, lo que esos carroñeros denominan el Régimen de 1978. De nada sirve que el Rey Juan Carlos haya propiciado en España una Monarquía Democrática y Constitucional, tras 40 años de Dictadura, y que su reinado haya comprendido los años más prósperos y de progreso en todos los órdenes de los últimos siglos de la Historia de España, así como la incorporación de España al concierto de naciones democráticas mediante su pertenencia a la OTAN y UE.
Tal vez, semejantes enredos no son otra cosa que movimientos de distracción para que los españoles no pensemos en las escandalosas irregularidades que apuntan al caudillo comunista Iglesias y a Podemos, con varias citas previsibles a corto plazo con la Justicia, por no hablar del drama humano en las residencias geriátricas, competencia abandonada por la Vicepresidencia Social.
Al Gobierno le interesa desviar la atención sobre su nefasta gestión sanitaria y socioeconómica de la pandemia Covid-19. El número de fallecidos (no reconocidos por Sanidad) ha superado los 48.000, como ponen de manifiesto las cifras del INE; además, según la Universidad de Cambridge, España es el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. La gestión de los brotes veraniegos no puede ser más caótica, seguramente la peor en toda Europa. Respecto a la economía, España sufrió una caída interanual en el PIB (2ºtrimestre) del 22%, que supera a todos los países europeos y casi duplica la media-UE. En materia de paro (sin contar los ERTEs que han llegado a albergar a más de 3 millones de trabajadores), España con el 16% sobre población activa es el país con mayor desempleo de Europa. La gestión inepta e incompetente del Gobierno no solamente no ha salvado vidas, sino que tampoco ha protegido a la economía y al empleo.
Sorprende que en un país con tantos problemas pendientes el Gobierno despliegue sus energías en un asunto como las presuntas actividades privadas del Rey emérito. Existen asuntos relevantes cuya resolución por el Ejecutivo debería ser prioritaria, pero de esos temas ni ‘mu’.
En España hay casi 10 millones de pensionistas que han aportado cuotas a la SS durante su vida laboral. Diversos organismos públicos, como BE, AiREF, Tribunal de Cuentas, etc., vienen advirtiendo sobre la posible inviabilidad del sistema público de pensiones, en caso de no adoptarse medidas de racionalización (las que contiene el Programa del Gobierno PSOE+Podemos y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital van en dirección contraria).
España es el país con mayor tasa de paro (16%) y superior índice de economía sumergida (más del 20%), lo que supone una distorsión de su mercado laboral y una merma recaudatoria fiscal. El Gobierno PSOE+Podemos firmó con los bilduetarras un compromiso de derogación de la reforma laboral (que sirvió para crear 3 millones de puestos de trabajo y, entre otras cuestiones, introdujo los ERTEs que han salvado al empleo de la debacle durante la crisis del Covid-19). La modernización de la economía española exige seguir profundizando en reformas laborales, para homologar nuestro sistema en flexibilidad y eficacia al de nuestro entorno.
Otro problema recurrente es el pertinaz déficit público, generador del endeudamiento público, que requiere una política de racionalización del gasto público y fomento de los ingresos públicos por la vía del impulso de la actividad económica. No todo es subir los tipos de gravamen, sino gestionar debidamente la política fiscal.
La independencia de la Justicia es otra de las asignaturas pendientes para que España sea una verdadera Democracia, donde el equilibrio de poderes garantice la efectividad del estado de derecho.
Es un serio problema la permisividad con posturas antisistema, bien por populismos extremistas o por separatistas, a quienes no se les exige el debido acatamiento y respeto a la Constitución vigente con el rigor necesario para ser admitidas dichas fuerzas políticas en nuestra Democracia. En el plano de las CCAA, se está fomentando la existencia de españoles de primera, segunda y tercera categorías, lo cual es contrario a la Constitución. Lo curioso es que esto se produce con porcentajes ridículos de representación a nivel nacional, lo que pudiera resolverse con modificaciones del sistema electoral.
Podríamos seguir con otros problemas prioritarios, como la insuficiente dotación sanitaria, la falta de calidad de la educación, las carencias en los servicios sociales, etc. Por eso parece bochornoso que este Gobierno de extrema izquierda emplee su tiempo en denostar y acosar a la Monarquía Constitucional, generando inestabilidad en nuestro país.
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(*) Licenciado CC Económicas, Políticas y Sociología.
