Es de general consenso entre las instituciones internacionales que España e Italia van a salir las peor paradas de la crisis, debido a su deplorable gestión sanitaria. También es un hecho evidente que la recuperación va a tardar en producirse varios años y que lo va a hacer más lentamente de lo augurado inicialmente.
La creación de una Comisión denominada de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso parece ya predeterminar la intención del Gobierno de coalición izquierdista, dado que la principal acepción del término supone “reparación o nueva construcción de una cosa destruida, deteriorada o dañada”. A pesar de que los primeros dieciocho meses de gobierno socialista ya apuntaban cierto declive económico y del empleo, no parece que un parón de apenas tres meses inducido por las estrictas medidas adoptadas por el gobierno haya podido provocar una destrucción, deterioro o daño letal, salvo por la carga ideológica de algunas de las medidas claramente en dirección contraria a lo conveniente, como, por ejemplo, la pactada derogación de la reforma laboral, que tantos empleos ha creado y cuyos ERTEs han permitido frenar el paro que de otro modo se hubiera generado. Tampoco han contribuido a la efectividad de esta Comisión, a pesar del centenar largo de expertos, profesionales, empresarios y políticos que han aportado información y propuestas en la treintena de sesiones celebradas, el nombramiento como presidente de un político socialista ya amortizado y sin preparación suficiente como Patxi López y como vicepresidente al secretario general del PCE conocido por su vinculación a la insurgencia colombiana y al régimen cubano, y la postura nada dialogante del Gobierno.
Una primera secuela de estos condicionantes es que en las conclusiones y, fundamentalmente, en las propuestas no se concreta ni se cuantifica prácticamente nada, quedando un documento ambiguo, como para exonerar al Gobierno de su inacción y de no intentar el consenso con los grupos y sectores más representativos; desde luego, nada tienen que ver estos textos con los Pactos de la Moncloa. Aunque será el Pleno quien diga la última palabra, las votaciones de la Comisión ya son suficientemente elocuentes de que el consenso entre el Gobierno y el principal partido de la oposición no pasará de medidas para reforzar la Sanidad y la petición de ayudas financieras a la Unión Europea. Parece claro que en los modelos económico y social el Gobierno de coalición de izquierdas y sus aliados separatistas, incluidos los bilduetarras, imponen sus medidas previamente pactadas, en muchos casos incompatibles no solo con el sentido común, sino que en ocasiones vulneran claramente los postulados constitucionales, como es el caso de la marginación de los centros concertados o de educación especial, por no hablar del propósito de elevar la fiscalidad a las empresas y clase media, implícita en las proposiciones, aunque no se reconozca expresamente.
Tampoco el texto de la Comisión incorpora grandes propuestas de inversiones concretas y cuantificadas, tan necesarias para recuperar la economía y el empleo. Parece que el Gobierno todo lo fía a lo que venga de Europa, pero no se observa proactividad alguna en el documento dedicado a la “reconstrucción económica”. Desde luego, tampoco parece de recibo la rigidez adoptada en materia de prorrogar los ERTEs únicamente hasta septiembre, cuando ya se ve venir que de esa medida pueden depender tal vez cientos de miles de puestos de trabajo, que de otro modo se convertirían en desempleados. Los fondos del ICO, para dar liquidez a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, se han quedado cortos y son inferiores en términos comparativos a los otorgados por otros gobiernos europeos. Tampoco se observa en el documento impuesto por la izquierda ninguna preocupación sobre la necesidad de sanear el déficit y las finanzas públicas, una vez superada la crisis, y de ser frugales en el gasto hasta entonces, ni de adoptar reformas estructurales en la dirección que marca Europa. Eso sí, se apuntan medidas de aumentar la fiscalidad para las empresas y familias, en contra de lo que están haciendo otros gobiernos europeos con participación socialista como Alemania, Italia o Portugal, con la coartada de “reducir la brecha fiscal con Europa”, que se explica por el elevado índice de paro y la proliferación de la economía sumergida en España. Por eso al texto económico sólo le apoyan socialistas, podemitas, ciudadanos y TeruelExiste, y al bloque social únicamente le han respaldado PSOE y Podemos.
Tal vez, hubiera sido preferible una Comisión con una presidencia menos sectaria y no tan escorada hacia la izquierda, con un perfil más técnico y dialogante, que hubiese enfocado más las propuestas hacia la Recuperación de la economía española y, especialmente, hacia el empleo, y que hubiese aplazado bastantes de las medidas marcadamente “ideológicas” pactadas para el Gobierno de coalición izquierdista, supeditando los intereses partidistas al interés general de España.
Pero resulta altamente revelador que el presidente Sánchez, cuando escribo estas líneas, haya confesado en una entrevista al Corriere della Sera que descarta una coalición con el principal partido de la oposición, debido a que en Grecia casi desapareció el PASOK por una alianza similar. Nada le importa al líder socialista la situación de emergencia por la que está atravesando España y sus secuelas económicas y sociales, las más adversas desde hace casi un siglo. Parece que antepone los intereses de su partido político y el disfrute de su poltrona.
