El Gobierno, finalmente, aprobó la extensión de los ERTE y la prestación por cese de actividad de los autónomos. Después de varias reuniones, en el último minuto del partido, cuando quedaban apenas unos días para estas medidas excepcionales decayeran el 30 de junio, más de 2 millones de trabajadores y miles de empresas tienen un horizonte algo más claro. El acuerdo con los agentes sociales ha logrado la prolongación al menos hasta el 30 de septiembre, y con la posibilidad abierta de ir más allá, si algunos sectores no logran recuperar una actividad medianamente normal.
La medida era imprescindible. Lo pedían no sólo empresarios y autónomos, también el Banco de España y otros analistas venían reclamando esta fórmula para evitar despidos masivos y cierres de empresas. El Gobierno, como en tantas ocasiones durante esta crisis, se ha resistido hasta el final, lo que ha creado inseguridad y ansiedad en trabajadores y empresarios. Es obvio, que el coste para las arcas públicas de estas medidas es alto. El ministro Escrivá cifraba el viernes el coste de los ERTE en 10.000-11.000 millones de euros de marzo a septiembre. Sin embargo, habría que ver el coste social y económico que hubiera tenido en términos de recaudación y de prestaciones por desempleo no alargar estas medidas con la actividad a medio gas en muchos sectores decisivos para la economía española en aportación al crecimiento y al empleo.
En todo caso, estas medidas no van a ser suficientes para taponar la herida. El golpe es brutal y así lo atestiguan las distintas previsiones que se van conociendo y que van empeorando mes a mes. Las empresas necesitan liquidez, certezas sobre los impuestos y planes de apoyo específicos y serios. De momento, el acuerdo de gobierno con Podemos sigue vigente, con la excepción del “impuesto a los ricos”. Veremos si Europa logra, a cambio de los fondos, que se enderece el rumbo.
