La semana pasada conocíamos la noticia del fallecimiento del segundo sanitario en Segovia, don José María Esteban Fuentes, conductor de ambulancias y al que le quedaban solamente unos días para su jubilación. Mis condolencias a los familiares y las gracias por los trabajos realizados durante todos estos años al servicio de los demás.
Pero este suceso además de producirme una gran pena, porque desde marzo llevaba luchando por salvar su vida que al final se ha apagado, es llamativo, porque la CGT (Confederación General del Trabajo) manifiesta que don José María es víctima de las “omisiones” en el deber de proteger a sus trabajadores por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y de la empresa que le tenía contratado porque al parecer no estaban instauradas por el mes de marzo las medidas sanitarias correspondientes, algo que hemos podido contrastar a través de distintas asociaciones y de las redes sociales, que no por los medios progres al ocultar las deficientes medidas sanitarias y de protección de nuestros profesionales por parte del Gobierno de España.
Desconozco el caso en profundidad de don José María y la empresa pero sorprende cómo enseguida las asociaciones de la izquierda salen a protestar contra la empresa o contra la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para culpabilizar a éstas del contagio del mismo y su posterior fallecimiento y no reconozcan la gestión de un Gobierno criminal que ocultó información en pos de su agenda ideológica.
Un estudio por parte de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) establece que si no se hubiera celebrado el 8M y se hubiera confinado a la población ese fin de semana, se hubiera evitado el contagio de un 62,3% de la población y por ende menos fallecimientos y también el colapso de los hospitales y, probablemente, nuestro vecino José María no se hubiera contagiado y hoy estaría disfrutando de su jubilación y su familia.
El Gobierno ocultó la información que manejaba, y ya el día 10 de febrero Fernando Simón, el mismo que dijo “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, reconocía el alto riesgo de contagio por el Covid-19 a través de un informe elaborado por la CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias), que posteriormente fue eliminado de la web del ministerio, como acto democrático de este Gobierno social-comunista.
También el ministro de Sanidad Salvador Illa y Fernando Simón prohibieron 3 días antes del 8-M un Congreso religioso por riesgo de contagio. ¿Por qué entonces permitieron el 8-M?, ¿les iba la vida en ello? Y tanto, y por eso familiares de 3.260 fallecidos por el Covid-19 se han querellado contra Sánchez y sus ministros por homicidio imprudente.
O cómo la ministra Montero en una grabación off the record manifestaba que la bajada de cifras el 8-M fue debido al Covid-19, pero que no lo iba a decir… ¡tía!
Es por eso que la izquierda es una hipócrita y está llena de prejuicios y carece de valores y de integridad. Echar la culpa a la Consejería o a la empresa después de la gestión y de los hechos, es negar la evidencia, no respetar la verdad y no hace honor a nuestros muertos.
¡Que sus almas descansen en paz y brillen para ellos la luz perpetua!
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(*) Diputado Nacional de Vox por Segovia.
