Este día 27 de abril entraremos en la tercera prórroga del Estado de Alarma que retendrá a los españoles confinados dos semanas más. Una reclusión impuesta por motivos sanitarios para combatir la pandemia del Covid-19. Salvo opinión autorizada, la estrategia de contención de la pandemia puede dividirse en tres fases. En una primera fase, se prescribe el confinamiento que evite o reduzca al menos el riesgo de contagio. El cual puede producirse sin que el portador del virus sea consciente (cuando es asintomático).
Después de mes y medio, con este largo confinamiento se ha conseguido aminorar el incremento de contagios, hasta llegar a una situación casi estacionaria. Teniendo en cuenta la diversidad geográfica y administrativa de España, puede decirse que, en general, se han reducido los ingresos en hospitales, en las UCIS y el de fallecimientos diarios; una desmesurada cifra que lamentablemente nos pone a la cabeza de los países en número de muertes por millón de habitantes.
La segunda fase comenzará con la obtención de pruebas o test serológicos, que se deben hacer a los individuos para conocer si están infectados o no. Con estas pruebas realizadas sobre un grupo de la población, se pretende tener una visión general del grado de infección del conjunto. Es decir, conocer de modo más preciso la extensión y distribución de los afectados. Para lo cual, primero se han de realizar los test y después someter los datos obtenidos a un estudio estadístico. De acuerdo con la última decisión gubernamental, este trabajo de campo debería comenzar este lunes 27. Se llevará a cabo en cada Comunidad Autónoma, por sus propios servicios (afortunadamente). En Madrid, según declaraciones del consejero de Sanidad, las pruebas se harán a unas 6.000 personas, durante dos semanas y los resultados se estudiarán a lo largo de siete semanas. En Castilla y León se han determinado el número de personas por provincia que serán sometidos al test (en Segovia, unos mil; El Adelantado, 22/04/2020). Es decir, que hasta finales de junio, no se estaría en condiciones de localizar aquellos focos de infección y así evitar el contagio.
En resumen, para frenar las infecciones (no la eliminación de la enfermedad) contamos con dos recursos: Uno es el confinamiento masivo de la población. El otro es la utilización de test (cuantos más mejor). Es obligado preguntarse ¿cuál es la eficacia de uno y otro recurso? El primero se puede calificar de moderadamente positivo, gracias al comportamiento disciplinado y paciente de la población. El segundo recurso es inexistente hasta la fecha y resulta inquietante. Pues, de hecho, el Gobierno no lo ha puesto en marcha, a pesar de haber sido anunciado hace más de dos semanas. El día 7 y 8 de abril la portavoz del Centro de Coordinación de Alertas anunció su pronta aplicación y fue confirmado días después por el director del Centro. Es evidente que el peso brutal de esta epidemia (ignorada antes del 8 de marzo por razones ideológicas) recae sobre los ciudadanos, con resultados letales para más de 33.000 personas (que se sepa). No es extraño que con el paso del tiempo y el número desorbitado de fallecimientos, cada vez más gente piense que el Gobierno es inoperante y crezca su estado de alarma. Carente de un plan estratégico general de actuación, el Gobierno reaccionó tarde, improvisa y su gestión es caótica e incompetente. Ha seguido una larga cadena de errores malgastando millones de euros. Así la compra de casi setecientos mil test de diagnóstico que han resultado falsos. Fueron encargados a Interpharma (una empresa sin licencia para esa operación), que el Instituto de Salud Carlos III comprobó que eran inservibles. En el sector de la importación de mascarillas y otro material sanitario, son abundantes los casos de gestión desastrosa. En fin, es muy larga la lista de traspiés gubernamentales para cumplir con la responsabilidad constitucional de proteger la seguridad de los ciudadanos. Además, con gravísimas consecuencias para el personal sanitario más expuesto al contagio por su trabajo impagable. Desgraciadamente, aquí tenemos otro record. Más de 30.000 sanitarios infectados por falta de protección adecuada. A lo que hay que sumar, cientos de fallecimientos en las residencias de mayores, desatendidas por el “vicepresidente de derechos sociales”. A pesar de la propaganda oficial y de los medios subvencionados, la sociedad se siente alarmada, incluso amenazada por la actitud de la izquierda radical. No obstante, la superación de esta crisis vendrá de la inmensa mayoría de la gente que cada día demuestra un gran coraje por sobrevivir.
Es previsible alcanzar la tercera fase en pleno verano. Cuando se hayan reducido significativamente el número de contagios y se tenga una imagen de conjunto de los focos infecciosos. Finalizado el confinamiento, el reconocido epidemiólogo S. Macip recomienda seguir vigilando: mantener la distancia entre personas, evitar aglomeraciones en fiestas, playas, etc. Desde luego, la vida no será igual hasta que no exista una vacuna efectiva. Además, esta grave crisis sanitaria lleva asociada una brutal crisis económica y empresarial, agravada en nuestro país por una tercera de índole política. Las dos últimas dependen de la primera. Es obvio que, tanto las empresas, autónomos, empleados, etc., como los consumidores deben estar en condiciones saludables para realizar su función y reactivar el comercio. Todas las ayudas son pocas. Ayudas prometidas por el presidente, que según afirman los afectados, cumple con tanta diligencia como la que demuestra en proteger a los ciudadanos de la severa epidemia que padecemos.
