Quienes tienen la gentileza de seguir esta crónica desde hace unas semanas ya conocerán que uno de sus objetivos es desentrañar la madeja de normas e instrumentos que desde el punto de vista fiscal, laboral y financiero están intentando paliar la crisis presente. Los medios de comunicación están centrados en el drama sanitario. Y con razón. Las cifras de afectados y de fallecidos ponen los pelos de punta. Pero debajo de este manto tétrico asomará pronto el hondo calado del problema económico y social. Hace un par de días, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronosticó que la caída del PIB europeo llegará al 15%, el doble de lo pensado hasta el momento. Esta situación puede devastar una economía como la española, con mucha dependencia del sector servicios, con una alta proporción de contratos temporales y con un predominio en su estructura productiva de la pyme y de los autónomos. En nuestro país, el 99,98% de las empresas, en la que se ocupan el 74% de los trabajadores, no sobrepasa los 250 trabajadores. La cifra de las que tienen menos de 10 empleados también es significativa: el 94,8% del total, según datos del Instituto de Estudios Económicos.
La iniciativa y la actividad individual son básicos para la economía nacional; sin embargo, el minifundismo en el sector empresarial también atomiza la inversión y el empleo, lo hace más susceptible a los aconteceres externos, quedando su situación financiera por lo general más desprotegida si no cuenta con una posición aquilatada en el sector o con unos recursos propios que le sirvan de colchón financiero. Y esto último, por desgracia, no suele ser frecuente. En España, las pymes encauzan su financiación a través de la banca tradicional, que copa más del 80% de su fuente financiera, siendo en el corto plazo el descuento y la póliza de crédito los dos instrumentos más utilizados, incluso –lo que va en contra de la ortodoxia- para dotar inversiones que requerirían un plazo superior de amortización crediticia. Esta estructura las hace financieramente muy débiles ante cualquier contingencia. Si se corta el grifo –por la no renovación de su póliza, o por la caída de su facturación-, su estabilidad tambalea y su débil solvencia –otra constante- no soportará el embate. Por eso, ante un parón de la economía como el que se ha producido es vital que no se restrinja la canalización de fondos hacia la pyme, y en especial para la micropyme y autónomos, y más cuando queda garantizado el riesgo de los bancos con un porcentaje importante de avales público.
Pero me temo que las entidades tradicionales no están por la labor, y más que comprometerse con generosidad en esta horrorosa crisis analizan con criterios restrictivos las operaciones. Algunas empresas segovianas de tamaño mediano y con arraigo en su implantación están acudiendo a otras formas de financiación como los “business angels” o los “crowdlending”, inversores que quedan fuera de los circuitos bancarios y que optan por poner en circulación sus excedentes de tesorería tanto a nivel particular como societario. Por mi experiencia de nueve años al frente de una Sociedad de Garantía Recíproca recomiendo que no se rechace ninguna modalidad pero que se tenga en cuenta a la hora de la conformidad tres variables: la garantía que solicitan, el precio (final) de la operación y el control de gestión requerido. En algunos casos, estos inversores desean involucrarse en los negocios como manera de garantizar la generación de suficientes rentas para que la amortización de lo financiado no corra riesgo. Es una ventaja pero puede ser una carga. Por ello es muy importante la lectura de la totalidad del contrato mercantil antes de tomar cualquier decisión.
