Estimados gestores de la epidemia de COVID-19 a nivel nacional y autonómico.
Quiero comenzar con una obviedad en la cual espero estaremos de acuerdo. Para controlar esta crisis se necesitan cumplir dos objetivos: Primero, evitar la transmisión del virus, o sea, disminuir (anular si es posible) los contagios, y segundo, curar a los enfermos.
De lo segundo tenemos amplia, incluso excesiva información tanto a nivel oficial como periodístico, y un bien merecido reconocimiento social de los profesionales de la sanidad asistencial, que están sufriendo una inusitada presión, con colapso de hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos, y escasez de material, incluyendo los más básicos de protección individual, lo que ha llevado a un alto porcentaje de bajas, fundamentalmente entre personal de enfermería y medicina. En este sentido creo que es importante recordar también a los profesionales de la Atención Primaria, en la primera línea de este frente, estableciendo un importante filtro al hospital.
Respecto al primer objetivo, el evitar los contagios a nivel poblacional es la función básica de la Salud Pública. En los primeros estadíos de la pandemia, con excelentes resultados, se detectaron los primeros casos, los posibles contactos, se realizaron estudios epidemiológicos y se tomaron medidas para evitar la transmisión. Sin embargo, cuando debido a los casos subclínicos se extendió la enfermedad con transmisión comunitaria, pero sobre todo a raíz de la implantación del estado de alarma, la función de la Salud Pública ha desaparecido de la mente de nuestros gestores, para centrarse en una única medida preventiva que es el confinamiento, encomendando su custodia a las Fuerzas del Orden.
Nuestras comunidades autónomas disponen de profesionales sanitarios perfectamente preparados para ejercer su labor de protección de la salud y prevención de la enfermedad, como por ejemplo los veterinarios y farmacéuticos de salud pública, que deberían tener mayor protagonismo y mayor presencia en esta misión de reducir contagios. Es más, en su calidad de sanitarios locales, están a disposición de las autoridades municipales, asesorando en actividades de sanidad ambiental, como la desinfección de locales y espacios de uso público, entre otros programas puestos en marcha por nuestros ayuntamientos.
No se trata sólo de incluir en los comités de expertos (como ha hecho Castilla y León) a profesionales de estas ramas citadas a fin de que aporten una visión más holística de esta crisis y las medidas para superarla, como se reclama desde instancias colegiales, sino también que todos los profesionales sanitarios puedan contribuir a este objetivo cada uno desde su función.
En cuanto a las medidas de protección de la salud y prevención de enfermedad, no se deben centrar únicamente en el confinamiento. Es muy importante que los establecimientos donde hay concentración de personas, o de objetos/mercancías que puedan contribuir al contagio observen unas reglas mínimas que eviten dicha transmisión de virus. Sobre todo instalaciones como las de la cadena alimentaria (desde la granja a la mesa), transporte de mercancías, industrias, tiendas y supermercados, residencias de mayores y de discapacitados, entre otros. Cada uno de ellos deberían poner en práctica un “Plan de Contingencia contra la COVID-19”, asesorados y validados por los profesionales de salud pública, donde consten los puntos de peligro de transmisión del virus y las medidas para evitarlo y controlarlo, como medidas de aislamiento, de formación de personal, de protección, programas (denominados “prerrequisitos” en lenguaje técnico) de limpieza y desinfección, de buenas prácticas, de mantenimiento de instalaciones, etc. Al tiempo, por estos mismos profesionales se debe hacer un seguimiento de su correcta puesta en funcionamiento y consecución de sus objetivos.
Los profesionales de Salud Pública estamos habituados a realizar control de brotes de enfermedad, con sus tomas de muestras (de superficies, de productos, de personas,…), análisis epidemiológicos, medidas cautelares, y otras tendentes no sólo a la resolución del problema sino a evitar su reaparición, si en una residencia hay varios afectados por una toxiinfección, intervenimos y tomamos medidas, no veo la razón por la que no se ha intervenido cuando el problema ha sido COVID-19, ¿posiblemente por falta de test diagnósticos?, ¿porque estos casos se llevan a “otros niveles”?.
Así mismo, la administración sanitaria dispone de una extensa red de laboratorios de salud pública, que perfectamente pueden ser dotados y habilitados para realizar test diagnósticos, y contribuir a implementar estos programas, al tiempo que se descargaría de trabajo a los laboratorios de los hospitales.
En fin, estimados gestores de esta pandemia, bien conocen que hay infinidad de ocasiones de contagio de forma directa o indirecta, pero lo que también deben saber es que tienen a su disposición unos grandes equipos de profesionales preparados para intervenir en campo y tratar de reducir esta transmisión del virus, y que para la resolución de esta crisis, que no se parece a ninguna otra que hayamos vivido, se necesita la colaboración de todos.
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(*) Doctor en Veterinaria
Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Presidente de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud.
