El gobierno de Sánchez solicitó y el Congreso lo aprobó, la declaración de estado de alarma en toda España. Me parece que, salvo a algunos boinardos de rosca profunda, nadie pensó en las libertades fundamentales a las que renunciábamos los españoles a través de nuestros representantes. La situación era de emergencia patente. Y la única pega de la gente ante la medida era el retraso con que se había tomado. Todo el mundo hubiera preferido su anticipación que fuera antes, o que al menos no se jugara con la idea de normalidad falsa que transmitía el gobierno.
Lo importante es que la medida se tomó y comenzaron a limitarse acciones que constituían una prevención eficaz (más o menos eficaz en la medida en que se respetaran) de la ya bautizada como pandemia. Tuve la impresión de que Sánchez se escondía detrás de la OMS como si necesitara que esta institución hiciera una declaración universal para que afectara realmente a España. Como si necesitáramos que un juez nos confirmara que efectivamente unos cacos nos habían robado tras ver meses atrás nuestra casa patas arriba y la cerradura forzada.
Pero lo interesante es el uso que el gobierno ha hecho de este estado de alarma. Nos hemos encontrado con más interés en los socios podemitas por nacionalizar todo lo que pillaran que en intervenir lo necesario para ponerlo a disposición del plan general del gobierno. Hay que entenderlo. Una nacionalización es difícil echarla atrás. Y aunque se revirtiera la situación después, se hubiera producido antes la desposesión, el robo, por parte del estado de un bien particular con daños irreparables; porque la nacionalización supone de inmediato la pérdida de la gestión, además de la propiedad. No sé si la cacerolada del sábado habrá servido para ver qué piensan los españoles.
De momento les han parado los pies, pero no se sabe como anda la dinámica de grupos en el gabinete. Ya se plantea la renovación de este estado de alarma, en realidad lo preanunció la propia declaración inicial de Sánchez. Los expertos en epidemiología hablan de un periodo mínimo para salir de la pandemia que nos llevaría alrededor del 20 de abril. Ahora mismo ya es demasiado tiempo para aguantar a esta coalición gubernamental sin sustos de entidad en todos los órdenes, incluido el político. La oposición no puede limitarse al sí incondicional.
Los militares hablan de guerra, distinta de las convencionales, pero guerra. Es verdad que la metáfora no es el punto fuerte del lenguaje de los soldados. Pero si efectivamente estamos en una situación de alarma hay que formar un gobierno de concentración nacional que asegure, desde luego, una acción eficaz; pero también y sobre todo un gobierno fiable, respetuoso con el orden constitucional.
Y eso no lo puede ofrecer, no lo esta haciendo, el actual gobierno. No son solo las veleidades asamblearias que Iglesias maneja en el consejo de ministros; ni las caceroladas contra el rey, ni las manifas que nos han llevado al huerto de la pandemia. Si el gabinete lo conformara solo al partido socialista se justificaría la eficacia por la unidad de criterio. Pero estamos ante una coalición que no funciona al unísono. Para eso es mejor que haya más partidos —los que tengan un mínimo de representantes y quieran— en el gobierno. Lo justific la enorme amplitud y alcance de la crisis.
Y ese gobierno de concentración debería hacer dos cosas. Primero terminar con la pandemia y enjugar los más patentes daños sociales. Y lo segundo convocar nuevas elecciones. Y nada más. Porque no escogimos a nuestros actuales representantes para que solucionaran un problema que les supera muy ampliamente. Porque después del coronavirus nada será igual y no deben serlo tampoco nuestros representantes.
——
(*) Catedrático de Universidad.
