Pedro Sánchez lo dejó muy claro cuando se preguntó: “¿De quién depende la Fiscalía General? ¿Del Gobierno? Pues ya está”, e inmediatamente nombró fiscal general a su ex ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y no deja de recordar quien manda. Por ejemplo, con la designación de Beatriz Corredor para la presidencia de Red Eléctrica Española, una empresa cotizada del Ibex y con un 80 por ciento de capital privado, pero bajo control del Gobierno. Corredor, ex ministra de Vivienda, ex secretaria de Estado de Vivienda, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, es una registradora y una profesional prestigiosa, pero su conocimiento del sector eléctrico es inexistente. Y, aunque es exigible por ley que para ocupar altos cargos –el de Red Eléctrica o el de un Ministerio, una Secretaría de Estado o la presidencia de una empresa pública, entre otros muchos– se tenga la preparación adecuada, quien manda se lo salta habitualmente sin ningún escrúpulo. Y sin que el Parlamento o algún organismo judicial o político desautorice la designación o inicie, siquiera, una investigación. El poder absoluto. Lo mismo está haciendo Sánchez con asuntos de Estado, como la transferencia de las competencias en prisiones o la caja de la Seguridad Social al País Vasco –o, mejor, al PNV– en vísperas electorales.
La nueva fiscal general del Estado tiene algún mérito incontestable, lo reconozco: su capacidad de ser independiente y autónoma mientras fue una excelente fiscal, dejar de serlo cuando es nombrada ministra de Justicia y arrasa contra todo lo que no fuera socialismo, perderla totalmente cuando la nombran candidata al Congreso por el PSOE, y recuperar tanto la independencia como la autonomía en el mismo momento que Sánchez la propone como fiscal general del Estado. Ni a Sánchez ni a ella les importa que en algunos de los casos más importantes que va a tener la Fiscalía, Delgado tenga que hacerse a un lado porque ha sido parte mientras ocupó el Ministerio de Justicia y está “contaminada”.
En esa misma línea, otro que está aplicando el “aquí mando yo” es Pablo Iglesias. Si alguien, incluido Sánchez, pensaba que el vicepresidente tercero iba a estar de “oyente”, como Guerra dijo en su tiempo, se equivocaba. Con o sin competencias, se ha colado actuando interesadamente, en el problema de los agricultores, se ha asegurado un puesto de privilegio en la mesa negociadora con Cataluña, dispondrá de la información sensible del Centro Nacional de Inteligencia y ha doblado el pulso al Ministerio de Justicia en el tema de la ley de libertad sexual.
Y todo eso sin volver a tocar el tema Ábalos, la soberbia superlativa de un ministro que cumple escrupulosamente las órdenes de quien manda apartando a quien sea. Y si me apuran, por no centrarnos solo en el Gobierno, el “aquí mando yo” lo ejerce también Pablo Casado con Alfonso Alonso al negociar directamente con Ciudadanos el reparto de las listas para las elecciones en el País Vasco, Y Alonso lo practica con los suyos, negándose a informarles y a estar en la reunión donde se tomaban las decisiones. Demasiadas veces los que ejercen el poder, lo hacen descaradamente, de forma absoluta, sin contrapesos. Con asentimiento, temeroso de los propios y sin control por los ajenos. Así es imposible recuperar la credibilidad de la política o de las instituciones. Sigue plenamente vigente la frase de Alfonso Guerra: “El que se mueve no sale en la foto”. Y nadie se atreve a moverse.
