El ministro de Justicia tiene razón cuando dice que hay que reformar urgentemente la Justicia, que el diagnóstico es compartido por todos los operadores jurídicos y, casi, por todos los partidos y que “nos une el esfuerzo” por lograrlo. Antes de terminar el año el ministro se ha comprometido a presentar su proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que instruyan los fiscales y los jueces sean los garantes del proceso. No le será difícil porque basta con rescatar y retocar la que inicio siendo secretario de Estado de Justicia con el ministro Caamaño hace menos de una década. Otra cosa es lo que puede conseguir para devolver la confianza de los ciudadanos en la Justicia, o en los órganos de gobierno de la Justicia, porque a los políticos que mandan en todos los partidos no les interesa que se arregle la Justicia sino controlarla o impedir que la controle el contrario.
La duda es, pese a las indudables buenas intenciones del ministro Campo, si el Gobierno PSOE-Podemos quieren una Justicia justa, ágil, independiente y al servicio de los ciudadanos, sin injerencias políticas. Personalmente tengo muchas dudas. A los hechos me remito. Lo hemos visto con el escandaloso nombramiento de la fiscal general del Estado. Lo estamos viendo con la pretendida reforma del Código Penal a la medida de los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC. También con las salidas de los políticos catalanes presos cuando apenas han cumplido una mínima parte de su condena con un tratamiento penitenciario privilegiado por parte de la Generalitat que no se da a otros presos en iguales condiciones ni en Cataluña ni en el resto de España. Y que, posiblemente, contradice la esencia de la sentencia del Supremo.
Lo hemos visto con el “Delcygate”, ocultando datos, dando cada día una versión diferente, tratando de esconder hechos, negando la presencia en territorio español de la vicepresidenta venezolana, como si Barajas estuviera en el espacio, sin información ni la prometida transparencia de quienes venían a regenerar la política. El ministro de Justicia ha dicho que “a priori, suena un poco extraña” la decisión de un juez de guardar las cintas con las grabaciones de esa noche “venezolana” en Barajas. Tan “extraño” como la decisión de la ministra de Educación de recurrir a los tribunales para acabar con el “pin parental” de Murcia. Hay que desjudicializar la política, pero solo cuando interesa. Lo estamos viendo con el escándalo tras la explotación sexual de menores en Palma y en Menorca, con el silencio de la comunidad autónoma, que no asume sus responsabilidades, y la negativa del Parlamento balear a constituir una comisión de investigación ante hechos de extrema gravedad que afectan a niñas bajo la tutela de esa autonomía.
Lo vemos y lo veremos mucho tiempo con la imposible renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, y de otros organismos importantes, o la parálisis del Supremo, porque PSOE y PP no quieren ponerse de acuerdo. Unos quieren la mayoría en estos órganos, sin contrapartidas, y los otros no quieren perderla. Lo mismo sucede con otras reformas que necesitan una mayoría cualificada. No es fácil el diálogo cuando dos no quieren pactar nada. Hay voluntad, pero no hay permiso. Y así quien sufre es la Justicia y el Estado de Derecho. Sufre la Democracia y ganan únicamente los que pescan en río revuelto.
