No cejan los leoneses con el tardío retoñar reivindicativo de su propia identidad. El pasado domingo 16 de febrero, decenas de miles de personas han acudido a las manifestaciones convocadas de forma simultánea en León, Ponferrada y Villablino por los sindicatos UGT y CCOO para reclamar medidas ante la grave situación socioeconómica que atraviesa la provincia leonesa, pero con el trasfondo de la cuestión autonómica detrás que ha venido a quitar la venda a las heridas (al parecer mal cicatrizadas) que se originaron durante el proceso preautonómico de Castilla y León y que, 37 años después de la aprobación de su Estatuto, han vuelto a sangrar, justificando ahora su laceración por el desaforado centralismo implantado por la nueva estructura administrativa que ha regido la comunidad durante todo este tiempo. Los manifestantes del otro día, no son muy inferiores en número a los que lo hicieron por las calles de León, el 4 de mayo de 1984, en apoyo del acuerdo adoptado por la Diputación leonesa, que había revocado el 13 de enero de 1983 el acuerdo inicial de integración en Castilla y León, del día 16 de abril de 1980 y especialmente, se manifestaron los leoneses, para presionar al Tribunal Constitucional que debía tramitar el recurso interpuesto por 53 senadores del Grupo Popular contra la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero, por la que fue aprobado el mencionado Estatuto regional.
En este punto y sólo a título meramente informativo, conviene hacer un inciso para recordar que estos mismos senadores, suscribieron también el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, de aplicación del artículo 144.C) a la Provincia de Segovia, para su integración forzosa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El paralelismo entre los casos de León y Segovia tuvo el mismo resultado e idéntica solución, mientras el Tribunal Constitucional desestimaba el recurso concerniente a la provincia de León, en su sentencia del día 23 de septiembre de 1984; el que hacía referencia a la de Segovia fue asimismo rechazado por la del día 8 de noviembre del mismo año.
¿Tiene motivos León para sentirse ahora agraviado y para pretender romper el actual status quo de la Comunidad de Castilla y León? Sin duda, pero no creo que sean muy distintos de los que pudieran argumentarse en otras provincias, tan depauperadas y tan empobrecidas o más que la leonesa. Al menos allí en León, fijaron la sede del Procurador del Común y se construyó el Museo de Arte Moderno de Castilla y León. No es que sea mucho, pero algo es algo. Ya puestos, también debe observarse que en Zamora se ubica el Consejo Consultivo, así como el Museo Etnográfico de la Comunidad; en Palencia radica el Consejo de Cuentas; en Burgos, hay una sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; en Salamanca, se encuentra la filmoteca de la Comunidad. ¿Qué instituciones propias de la Junta tienen su sede en Segovia?, por no citar también a las provincias hermanas en la soledad y en el desamparo de Ávila y Soria, que me temo estén en una situación muy parecida.
Reconozco que la unión de dos regiones en una sola, quizá no fue la mejor de las soluciones posibles para mantener intacta la personalidad de los pueblos: castellano y leonés, distintos en su origen y en la organización histórica y social de uno y otro; más jerarquizada la de este último y menos estratificada aquella, pero siempre con señas de identidad claramente diferenciadas. Se juntó a León con Castilla en una única autonomía, porque así se denominaba la Corona que vino a aglutinar ambos reinos, olvidando que dentro de ellos se incluían a la vez los restantes territorios hispánicos no pertenecientes en origen a la Corona de Aragón y al antiguo reino de Navarra. Este hecho, llevó a la confusión de las identidades de los pueblos castellano y leonés, tan diferentes como diferentes puedan ser el resto de los pueblos que habitan las distintas regiones que formaban parte de la Corona de Castilla y León, algunas con reconocimiento actual de nacionalidad histórica, como son los casos de Galicia y el País Vasco; sin olvidarnos de Asturias, Santander (hoy Cantabria), Logroño (hoy La Rioja), Madrid, Castilla la Nueva, Extremadura y gran parte de Andalucía. Todas ellas pertenecientes al reino de Castilla y León, pero que luego se vinieron a constituir en comunidades autónomas diferentes. ¿Por qué unas si y otras no? No demos más vueltas, todo respondió a la manipulación interesada que la clase política de cada lugar realizó oportunamente en su propio beneficio.
Y esa manipulación política debe ser ahora causa de preocupación, pues si entonces se tomaron aquellas decisiones, en una situación en la que el consenso era la materia prima con la que estaban hechos la mayoría de los acuerdos; en la actual situación de desencuentro político y de grave amenaza de ruptura del marco autonómico y territorial, cualquier aventura en solitario pueda causar situaciones imprevisibles. Con el máximo respeto a las reivindicaciones de la provincia de León: ¿no será ello otra estrategia política más, a imitación de las seguidas por las autonomías periféricas?, que amenazan con romper la baraja si no se tienen en cuenta sus exigencias, claramente excedidas del marco constitucional vigente. ¿Qué parte de fundamento identitario alegan y que parte de negociación persiguen? Admitiendo que tengan razón en el fondo, la impresión que trasciende a la opinión pública es que se quiere aprovechar la caótica situación que padecemos, para plantear un chantaje a una de las partes constitutivas del Estado. Chantaje, que ya anticipo, posiblemente requeriría de una modificación del texto constitucional, en donde se regula el derecho de las provincias y regiones para acceder a su autonomía, pero en el que no está previsto la forma y manera de abandonar el barco autonómico, una vez que voluntariamente se hubiera subido a bordo. Circunstancia ésta de la voluntariedad, que se produjo en todos los casos excepto en el ya citado de Segovia, además de Almería, en donde tampoco llegó a prosperar el proceso autonómico andaluz. No obstante, hay autores que defienden que las Cortes Generales, podrían llegar a regular este derecho, digamos ¿de segregación?, mediante una ley orgánica que debía venir amparada en el interés general. ¿Sería el mismo interés general en que se fundamentaron las dos sentencias del Constitucional para desestimar los recursos de León y de Segovia antes citados?
Lo que realmente nos tememos es que como fruto de la negociación de fuerza que se pretende imponer, se llegue a establecer un eje de reparto de competencias entre Valladolid y León, a costa de las demás provincias, mediante algún acuerdo interno de desconcentración de los poderes actualmente ubicados en Valladolid, que llevaría anejado un reconocimiento expreso de un mayor grado de autonomía para León. En cualquier caso, ello requeriría la reforma, en este sentido, del vigente Estatuto de la región por las Cortes Generales, depositarias en última instancia de esta potestad. Autonomía desconcentrada que seguro jamás se permitirá a otras provincias, como pueda ser la de Segovia. Pues ya sabemos que es lo que debería hacerse. León nos está mostrando el camino.
