El Tribunal Constitucional confirmaba esta semana la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el cálculo de las pensiones a los trabajadores con contratos a tiempo parcial. La conclusión del TC es que la forma en que se estaba haciendo ese cálculo es inconstitucional y nulo. La cuestión, a grandes rasgos, es que los trabajadores a tiempo parcial sufren una doble «discriminación» a la hora de cobrar la pensión. Por un lado, un recorte en el cálculo de la base reguladora y, por otro, la aplicación de un coeficiente llamado de parcialidad, en vigor desde 1994. En la práctica, estos trabajadores, alrededor de un 70% mujeres, cobran una pensión por debajo de lo que les correspondería.
Un ejemplo clarificador de esta situación, injusta a todas luces, es el de dos trabajadores de la misma categoría profesional, con 30 años de trabajo en la empresa, pero uno con un contrato indefinido y otro con un contrato a tiempo parcial. Uno cotiza el doble que el otro, porque cotiza por las 40 horas trabajadas y el otro la mitad al trabajar 20 horas. ¿Cobra este último la mitad de pensión que el otro? La respuesta es no por el coeficiente de parcialidad. Pero ¿y si son dos trabajadores que aún teniendo distinto contrato cobran lo mismo y también ha trabajado 30 años? Tampoco cobran la misma pensión.
Según cuenta Domingo Soriano en «Libertad Digital», la sentencia del TC deja claro que no les afectará a los casos ya firmes. Es decir, su aplicación no tendrá carácter retroactivo. Sin embargo, no está tan claro que pasa con los jubilados que están ahora cobrando la pensión con el método ahora considerado inconstitucional y nulo o con las prestaciones de otro tipo (incapacidad, viudedad u orfandad) a las que también se les esté aplicando el coeficiente de parcialidad por venir de trabajadores con contratos a tiempo parcial.
Lo que es evidente es que será un roto para las arcas de la Seguridad Social. Quizás el monto no sea demasiado, pero viene a sumarse a las dificultades que ya tiene el sistema y que se eleva a casi 20.000 millones de euros anuales. Los cambios son cada día que pasan más necesarios. La baja natalidad, la esperanza de vida y la entrada masiva en el sistema en 2023 de los nacidos en el «baby boom» van a romper sus costuras. Quieran los políticos o no, se van a tener que poner manos a la obra y darle un cambio que, sin duda, pasará por cambiar los parámetros de cálculo actuales.
