Sin contar un millón de pensiones no contributivas, en España se cobran unos diez millones de pensiones, de las que seis son de jubilación y dos y medio de viudedad. La Seguridad Social destinó en marzo 9.576 millones a pagarlas, un 7 por ciento más que en el mismo mes de 2018, debido a la revalorización aprobada hace unos meses, pensando todos -todos los que la aprobaron, claro- en la campaña electoral permanente que vivimos. Estamos pues, cerca de tener que dedicar a las pensiones la módica cifra de 150.000 millones al año para atender a los 8.700.000 pensionistas (algunos cobran más de una).
No hay nadie que no sepa que va a seguir aumentando con fuerza el número de pensionistas; que los que lo son van a vivir más años, porque cada vez tardamos más tiempo en morirnos, gracias a la excelente sanidad que nos cuida; que la Seguridad Social ingresa mucho menos de lo que gasta -el déficit se sitúa en más o menos 18.000 millones de euros al año- lo que obliga al Estado a sacar el dinero de donde no debería y a pagarlo con intereses; que no parece que vaya a aumentar mucho el número de cotizantes y que, por eso y por otras razones, esto pinta mal sobre todo para los futuros jubilados.
Si hoy no peligran las pensiones porque no hay un solo político que se atreva a proponer medidas restrictivas, lo que está claro es que algo habrá que hacer para garantizar que los medianamente jóvenes tendrán alguna. El Pacto de Toledo se ha roto antes de las elecciones por la incapacidad para llegar a un acuerdo. Y aunque se rebajen las pensiones y se alargue la edad de jubilación, no parece que haya otra solución que ir a un sistema mixto. Lo decían ayer en la rendición de cuentas de la Mutualidad de la Abogacía, que cada año ofrece excelentes rentabilidades y mejores números. Hay soluciones que pasan por crear planes privados de pensiones en cada empresa, fiscalmente competitivos, con aportaciones de las empresas y de los trabajadores, que cada uno se pueda llevar en su mochila aunque cambie de empresa. Fomentar un ahorro real a largo plazo, que descargue la espalda de la seguridad Social pero que no desproteja al trabajador ni deje a los jubilados en la indigencia después de cuarenta o cincuenta años de trabajo.
Pero hay otro problema. Muchos jubilados se están “comiendo” sus ahorros porque la jubilación no les llega. Javier Yanguas, presidente de la sección social de la Asociación de Gerontólogos de Europa, afirma que “los mayores consumen cada vez más en su propia y prolongada vejez, lo que antes iban a dejar en herencia a los hijos” y ese fin de las herencias, como las conocemos ahora, “es el principio de la soledad para miles de padres ancianos. Tenemos datos alarmantes. Los afectos son cada vez menos fiables y la red familiar menos sólida”. No sé qué es peor, si la imposibilidad de llegar a un pacto para garantizar el futuro de las pensiones o el retrato descarnado de la insolidaridad que denuncian los que tratan a nuestros mayores. Necesitamos pactos transversales para hablar de las dos cosas porque no puede haber vida digna si no hay esperanza.
