El Gobierno parece que quiere aprovechar los minutos finales del partido, cuando el Parlamento se reduce a su Diputación Permanente, para aprobar -vía decreto ley- proyectos que o estaban varados o ni siquiera habían entrado a discusión en el Congreso. No parece que sea ese la función para la que fue concebida esta institución parlamentaria. Tampoco parece de buena práctica del gobierno acudir al decreto ley, instrumento reservado para sustanciar asuntos cuya gravedad o urgencia no admiten dilación.
Pedro Sánchez se despide como llegó: jugando dentro, pero en los linderos de la cancha. Sí todo el tiempo que le ha dedicado a viajar por el mundo en el famoso Falcon hubiera estado trabajando en el Congreso algunas de las iniciativas que pretende aprobar ahora recurriendo al decreto ley estarían ya en la hemeroteca del BOE. Pienso en aquél viaje a Cracovia, en Polonia o en el que le llevó a Santo Domingo a una reunión de la Internacional Socialista a la que no asistió dirigente de mayor relieve.
Menciono los viajes por el exterior que han sido el gran escaparate de su campaña de imagen porque nos dan la medida de la forma que Pedro Sánchez concibe la tarea de gobernar. Volviendo a lo que queda de tiempo hasta las elecciones del 28 de abril, visto como ha transcurrido esta fugaz y agitada legislatura, lo más sensato sería no estresar más la vida política y dejar que estos dos meses sirvieran para sosegar el clima político. Para que cada uno de los partidos que concurren a las elecciones elaboraran programas, proyectos y soluciones para hacer frente a los problemas que tiene ahora mismo la sociedad española. Seguimos con más de tres millones largos de desempleados; seguimos sin un marco claro que despeje las incertidumbres que planean sobre el futuro de las pensiones; seguimos con un déficit de profesionales y medios que repercute en la calidad de nuestro sistema sanitario; tenemos la deuda más abultada de nuestra Historia y la economía empieza a registrar síntomas de gripe y, por si faltaran problemas, seguimos sin alcanzar un acuerdo nacional sobre educación. Si a todo esto añadimos que el Tribunal Supremo está juzgando a los políticos catalanes implicados en el “procés” por intentar separar a Cataluña del resto de España, un golpe sin precedentes al Estado democrático, se entenderá que lo razonable sería no tensar más la vida política de lo que ya está acudiendo a gobernar por decreto ley cuando faltan sólo dos meses para que los ciudadanos pongamos a cada uno en su sitio.
