La Junta de Castilla y León pondrá en marcha en un plazo máximo de cinco años alrededor de 15 millones de metros cuadrados de suelo nuevo industrial, en 12 polígonos de las nueve provincias de la Comunidad, que se nutrirán, todos ellos, de energía verde. Para ello, dedicará una inversión de 180 millones de euros, con algunas obras que ya están licitadas e incluso en ejecución. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, advierte de la necesidad de incluir estos proyectos susceptibles de contar con suministro de energías renovables eléctricas y térmicas en la planificación de Red Eléctrica Española (REE) para el periodo 2025-2030, dado que de nada serviría estas ampliaciones o nuevas instalaciones si no tienen acceso a la red.
Por el momento, se está trabajando en un proyecto piloto en uno de estos 12 polígonos industriales, concretamente el de Las Viñas, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), que cuenta con una inversión de 12,4 millones de euros, que será replicado a otras instalaciones de la Comunidad, y que será el primero de España en ser ‘completamente verde’. El proyecto busca impulsar el uso de energía limpia mediante la instalación de una planta fotovoltaica de 40 megavatios.
Los otros once polígonos o parques tecnológicos que aumentarán su superficie industrial e incluso de nueva creación, son los de Vicolozano, en Ávila; Melgar de Fernamental, en Burgos, que contará con 11,3 millones; la ampliación-duplicación de Villadangos del Páramo (León), el parque tecnológico de León y El Bayo, en el Bierzo, que dispondrá, este último, de 20 millones; el de Villamuriel de Cerrato (Palencia); el de los Hitales, en Bermuy de Porreros, con 15 millones; y Abades, con 8,5, ambos en Segovia; el PEMA, en Soria; la ampliación del Polígono Escaparate, en Medina del Campo (Valladolid), con 31,7 millones; y Monfarracinos (Zamora), con 14.
“Este suelo industrial tiene que estar bien comunicado, bien equipado, con todos los servicios y donde la energía limpia es fundamental”, insistió el consejero en declaraciones a Ical, para recordar que en Castilla y León casi el 95 por ciento del parque de generación eléctrica es renovable, solo por debajo de Noruega.
La planificación de REE para el periodo 2025-2030 está actualmente en fase de estudio de propuestas y alegaciones y podría recoger la creación de subestaciones y redes hacia polígonos industriales de Castilla y León, para que la industria ubicada en estos espacios se beneficie de las energías renovables, más limpias y baratas. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, consultados por Ical, explicaron que REE “está recopilando las propuestas de los agentes interesados” en este documento, que fue lanzado en diciembre pasado.
El objetivo final de la Junta en este sentido es que en un plazo de cinco años, el 80 por ciento de estos polígonos industriales se nutran de sistemas de comunidades energéticas renovables y de autoconsumo, pero que, en todo caso, requiere una flexibilización por parte del Gobierno central y su inclusión en la nueva planificación, algo que el Ejecutivo autonómico ya ha trasladado tanto al operador del sistema como a la Administración General del Estado. En esta petición se han identificado las necesidades de capacidad detectadas en la red de transporte de energía para avanzar en la dotación de infraestructuras que permitan garantizar el suministro eléctrico en los polígonos industriales de titularidad pública.
Aportación excedentaria
En ellas, la Junta pone de manifiesto la “aportación excedentaria” de Castilla y León al parque de generación renovable que, según fuentes consultadas por Ical, “debe ser justamente compensada en forma de atracción de riqueza, desarrollo territorial y mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo”. De hecho, Castilla y León es la primera productora nacional de energía eléctrica renovable, con 23 gigavatios hora (GWh) producidos en 2023 y cerca de 14.000 megavatios de potencia limpia instalada. “Sin embargo, en ocasiones nuestros desarrollos industriales no tienen acceso a esa energía, y la inversión que está desarrollando la Junta para dotar de suelo industrial de calidad está comprometida por falta de infraestructura eléctrica de suficiente capacidad”, reprochan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.
Dificultades
Estos objetivos “se topan” con algunas dificultades, entre las que destacan tres. Por un lado, las “limitaciones” de las redes de transporte y distribución eléctricas, que “se encuentran muy saturadas tanto para la generación como para la demanda de energía, por lo que se hace imprescindible para solucionarlo, por un lado, atender a las propuestas de la Junta para esta planificación de REE; y por otro, facilitar las inversiones de las empresas distribuidoras en sus redes de distribución, actualmente muy limitadas por un porcentaje fijo del 0,13 por ciento del PIB”.
En segundo lugar, “limitaciones normativas” para el desarrollo de infraestructuras de conexión entre las centrales de producción de energía, los grandes centros de consumo industrial y las redes de transporte y distribución. Y por último, la Junta considera “imprescindible” desarrollar una normativa específica que regule el marco del gran autoconsumo industrial para facilitar su progreso y que contribuya a la descarbonización de la economía, dado que la actual normativa “está pensada para pequeñas instalaciones, mayoritariamente de uso doméstico”.
Por último, recuerda entre las peticiones que las actuaciones que finalmente se incluyan en la planificación para el periodo 2025-2030 por el Consejo de Ministros tendrán como objetivo “satisfacer las necesidades de mallado de la red de transporte para garantizar la calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica en toda España, así como facilitar el desarrollo de nuevas instalaciones de generación renovable y la atención de nuevas necesidades de demanda”. Por ello, la Junta insistirá en que se recojan todas las propuestas de la Comunidad, “particularmente las relativas al desarrollo de los polígonos industriales de titularidad pública autonómica”, aunque la decisión final seguirá siendo competencia exclusiva del Estado.
