Castilla y León ha pasado de registrar 125 casos de okupación denunciados en 2016, a contar con 205 en 2021, último año con cifras disponibles. La “senda creciente” de ese fenómeno, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se está produciendo también en el conjunto del país, donde se ha pasado de 9.998 denuncias en 2016 a alrededor de 17.000 en 2022. Con el objetivo de “defender el derecho constitucional a la propiedad privada”, la Junta de Castilla y León suscribió ayer un convenio de colaboración con el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, que permitirá habilitar nueve oficinas de información antiokupación en la Comunidad, una por provincia.
Estas oficinas comenzarán a funcionar el próximo lunes en las sedes provinciales del Consejo, y la “puerta de entrada” a este servicio será el teléfono de atención telefónica 012, que trasladará cada caso que requiera atención de personal especializado a las oficinas pertinentes, donde los afectados podrán recibir “información, asesoramiento y apoyo”, incluida la posibilidad de denunciar los hechos que sean constitutivos de delito ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Queremos que las personas que sufren de forma directa e indirecta este fenómeno no se encuentren solas, sino amparadas por la Junta a través de esta red de oficinas”, apuntó Suárez-Quiñones.
El convenio (que estará vigente los próximos cuatro años y puede ser prorrogado por otros cuatro) es, a juicio del consejero, “muy útil”. “Las estructuras de ambas instituciones confluimos para informar ante la alarma social que genera este fenómeno, con un creciente número de denuncias por hechos constitutivos de delito, de usurpación o allanamiento de morada, y constituyen infracción penal en nuestro ordenamiento jurídico”, apuntó antes de subrayar que lo que pretenden es “prevenir y atacar estas conductas”.
Además, Suárez-Quiñones explicó que esta medida busca también trazar una “radiografía muy completa” de la variada tipología de estos delitos que se producen, “tanto por parte de quien okupa como de quien es okupado”. “Actualmente no hay una estadística oficial que permita recabar catos como si la propiedad de los inmuebles okupados es de particulares o de fondos de inversión, y a través de estas oficinas intentaremos elaborar un perfil completo”, deslizó.
A este asesoramiento, según detalló, podrán acceder “no solo los propietarios, sino vecinos o familiares de un mayor que sea titular”. “El interés legítimo también será una puerta abierta de acceso a este servicio”, aseguró.
Por su parte, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, explicó que desde su entidad están “preparados para evitar que en Castilla y León se pueda replicar el caos que están sufriendo otras comunidades autónomas, con barrios enteros okupados”. “Tenemos un equipo de abogados muy buenos, colaboramos hace mucho tiempo con la Junta en materia de vivienda y estamos a disposición para que la gente reciba toda la información precisa en los casos que requieran asesoramiento o intervención judicial. Queremos que no se produzcan casos de este tipo, y tenemos los medios y gente experta para conseguirlo”, sentenció.
