La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, mostró su «más absoluto rechazo» a la eliminación, por parte de la Junta de Castilla y León, del impuesto de sucesiones y donaciones.
«Con el déficit que tiene la Comunidad no se pueden permitir el lujo de prescindir de ingresos que rondan los 180 millones de euros», remarcó Rosa Rubio, quien aseguró que este cálculo deriva de los últimos ejercicios.
Además de censurar que la Junta pida más recursos al Gobierno central mientras renuncia a éstos, considera una «irresponsabilidad» por parte del Ejecutivo «eliminar impuestos a los que más tienen para privar de derechos a los que menos tienen».
«Dejar de ingresar esa cantidad va a suponer recortes en servicios básicos y esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales», recordó.
En segundo lugar, sostiene que con las reducciones y bonificaciones que existen en la actualidad, el impuesto que ahora va a quitar la Junta afecta a poco más de 5.000 personas, frente a los 2,5 millones que viven en Castilla y León.
Rubio recuerdó que estas bonificaciones que ahora elimina la Junta ya se quitaron en 2009, si bien volvieron a establecerse en 2012.
También acusó a la Junta de «falsear la realidad» cuando dice que se elimina el impuesto para eliminar la restricción al relevo intergeneracional de empresas y negocios en vida dado que existe una reducción del 99 por ciento para la adquisición por herencia de explotaciones agrarias o empresas, un 99 por ciento para la donación a patrimonios protegidos de contribuyentes con personas con discapacidad, víctimas del terrorismo o para adquirir una vivienda habitual si los hijos son menores de 36 años.
Existe también, ha continuado, la reducción del 99 por ciento para la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional y la herencia directa de padres a hijos tiene una reducción de 400.000 euros por contribuyente.
«Desde el PSOE entendemos que es una obligación del PP y Ciudadanos el velar por los ingresos de nuestra Comunidad, el vigilar que cada uno pague en razón de lo que tiene, luchar contra el fraude y prestar a nuestros vecinos los servicios a los que tienen derecho y, para ello, están obligados a velar por nuestros recursos y no favorecer a unos pocos en detrimento de unos muchos», concluyó.
