La Administración Tributaria Autonómica intensificará el control de grandes patrimonios, operaciones inmobiliarias y préstamos entre particulares para combatir el fraude fiscal. Además, revisará la aplicación indebida de beneficios fiscales en impuestos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre afección medioambiental.
La Consejería de Economía y Hacienda intensificará durante 2026 el control sobre la aplicación de beneficios fiscales, los grandes patrimonios y las operaciones inmobiliarias, según recogen las directrices generales del Plan de Control Tributario Anual publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).
La resolución de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica fija como ámbitos prioritarios de actuación la prevención, el control y la cooperación entre administraciones para combatir el fraude fiscal y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
De este modo, se plantea también reforzar la vigilancia sobre contribuyentes no declarantes en el Impuesto sobre el Patrimonio, así como sobre diferencias entre el patrimonio declarado y el comprobado, con especial atención a grandes patrimonios y posibles operaciones de planificación fiscal fraudulenta.
En el ámbito inmobiliario, el plan prevé intensificar las comprobaciones sobre valores declarados, operaciones sujetas a IVA o Transmisiones Patrimoniales y préstamos entre particulares, además de controlar posibles deslocalizaciones fraudulentas por motivos fiscales.
Las directrices incluyen además medidas para modernizar la asistencia al contribuyente mediante la ampliación de la tramitación electrónica, la videoasistencia, la mejora del portal tributario y la automatización de procedimientos de pago, aplazamientos y fraccionamientos.
Asimismo, la Administración autonómica mantendrá la colaboración con la Agencia Tributaria, el Colegio de Registradores, el Catastro y la Dirección General de Tráfico para intercambiar información y reforzar la detección de conductas fraudulentas.
