Los acuerdos entre la Junta de Castilla y León y los grupos políticos representados en el Parlamento se está convirtiendo en una foto habitual cada vez que hay asuntos de trascendencia para la Comunidad. Ayer se volvió a ver en la misma mesa a Junta, PP y PSOE, quienes presentaron un acuerdo de comunidad que permitirá a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, llevar una «posición más fuerte» en la negociación sobre la reforma de la PAC ante las instituciones europeas y, a partir de junio, ante el Ministerio. Las líneas rojas en defensa de 100.000 empleados en Castilla y León dentro de este sector se marcan en una moción que aprobará hoy el pleno de las Cortes por unanimidad.
El acuerdo se escenificó en una comparencia conjunta de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente; la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, Ana Sánchez, y el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, a la que no pudo acudir el portavoz del Mixto, José María González (IU), que también se sumó al consenso.
La consejera destacó que con la moción «se carga de fuerza y de razón la defensa de los intereses de Castilla y León». La primera cita será el 14 de mayo cuando Clemente viajará a Bruselas para reunirse con dos ponentes del Reglamento de reforma de la PAC, Louis Kapoulas y Michelle Dantin, a quienes expondrá las líneas aprobadas en las Cortes.
La socialista Ana Sánchez explicó que, aunque no les gusta la propuesta de reforma planteada por Bruselas, es esencial el acuerdo y pelear juntos para reivindicar los intereses del sector, dado que supone el 10 por ciento del PIB de Castilla y León, con 70.000 agricultores y ganaderos a título principal y 100.000 si se suman los empleos en todo el sector primario (industria agroalimentaria). «El acuerdo busca dar una respuesta al sector», destacó.
Por su parte, el popular Carlos Fernández Carriedo resaltó la importancia de llegar a acuerdos en asuntos de comunidad, afirmó que éste es uno de ellos y subrayó el liderazgo ejercido por Castilla y León desde que se conoció (finales de 2010) la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común.
La moción, de ocho puntos, pretende garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos anuales percibidos por la Comunidad desde 2007 (1.150 millones). De su contenido, la socialista Sánchez destaca la petición de que se garantice el 30 por ciento de los fondos que perciben los agricultores, la prolongación de las cuotas del azúcar y el fortalecimiento de las organizaciones de productores para unos precios justos, junto al desarrollo rural. También Clemente resaltó la importancia de que se garanticen las rentas medias, que se defina quién es agricultor principal para que queden excluidos otros preceptores que no viven de la actividad y que el apoyo para rejuvenecer el sector pase de voluntario a obligatorio en la futura reforma.
La consejera explicó el rechazo al aumento de superficie y defendió que se limite (22 millones de hectáreas frente a 38 en el caso de España) porque de esa manera los agricultores y ganaderos podrán mantener los ingresos actuales, ya que el aumento de hectáreas supone reducir las ayudas.
Está previsto el acuerdo político sobre el texto el 30 de junio en la negociación entre CE, Parlamento Europeo y Consejo.
