A complejos programas de contabilidad, a la siempre socorrida calculadora y hasta al viejo ábaco. A éstas y otras herramientas y, sobre todo, a la imaginación, habrá tenido que recurrir la Consejería de Hacienda para cuadrar números y elaborar unos Presupuestos de la Comunidad para 2012 que nacerán con un lastre de unos 1.400 millones achacable a las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta, al inevitable pago de intereses y amortizaciones por la creciente deuda y a la diferencia de criterio entre Junta y Gobierno central sobre la aplicación del sistema de financiación.
Antes de que el viernes finalice el plazo que fija el Estatuto de Castilla y León se conocerán las grandes cifras del Ejecutivo autonómico, aunque el presidente Herrera ya avanzó ante la Junta Directiva del PP regional que este año se «trabaja sin luz y sin red».
Con esta expresión tan gráfica, dibujó el escenario de «incertidumbre» en el que su gobierno ha tenido que moverse para que le salgan las cuentas; un panorama en el que conceptos como ausencia de presupuestos estatales, objetivo de déficit, ajustes y devoluciones hacen el terreno muy resbaladizo a la Consejería que dirige Pilar del Olmo. Tanto, que ella misma ha asumido que el presupuesto se puede quedar en papel mojado; «hasta que el próximo gobierno del PP empiece a hacer las cosas con sentido común», ha señalado esta última semana.
Según la orden que dicta las normas para su elaboración, las cuentas del próximo año se orientarán a la consecución de tres retos esenciales: «la recuperación del crecimiento y el empleo, el compromiso con la calidad de los grandes servicios públicos y la cohesión territorial», respetando, «en todo caso, el objetivo de estabilidad fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».
Cómo encajar estos pilares del documento presupuestario no parece, sin embargo, tarea fácil; menos aún cuando todo apunta a que el presupuesto regional sufrirá su tercera caída consecutiva y se quedará por debajo de los 10.045 millones consignados para este 2011.
La primera gran dificultad con la que se ha encontrado la Junta viene alimentada por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio venidero. Y es que, la decisión del Gobierno socialista de adelantar las elecciones y no dejar diseñado un marco presupuestario para 2012, priva a las comunidades -a falta de que el nuevo Ejecutivo dé vía libre a la prórroga automática de los PGE 2011 o fije en los mismos las correcciones que considere oportunas-, de la base fundamental para elaborar sus propias cuentas y, a la vez, abre una doble incógnita.
En este sentido, tal circunstancia, además de dejar en el aire la cantidad que Castilla y León debería percibir el año próximo del modelo de financiación autonómica y que constituye la base esencial de los recursos con los que se financian las cuentas, abre, por otro lado, nuevas dudas sobre si el montante recibido este año y posiblemente prorrogado al próximo se va a ajustar a la realidad que Castilla y León presenta, o por el contrario va a generar nuevos desajustes y a obligar a más devoluciones en años venideros.
Devoluciones como las que tendrán que aparecer en el capítulo de gastos de 2012 y que se elevan a la nada desdeñable cifra de 376,5 millones. De este, ni qué decir tiene, fuerte contrapeso para las cuentas, 88,7 millones se corresponden con el segundo pago de la liquidación negativa del sistema de financiación de 2008, mientras que otros 287,8 se relacionan con la primera devolución de los pagos a cuenta y anticipos de 2009.
Respecto a una deuda en aumento que ya supera los 5.000 millones, si se observa la evolución de los últimos años la partida destinada a pagar intereses y amortizaciones puede rebasar los 500 millones de euros. Cabe suponer además que las cuentas contemplen una nueva partida de endeudamiento que, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria, no podrá sobrepasar el 1,3% del PIB regional.
Otra incógnita fundamental es saber si la Junta presupuestará alguna cantidad, tal y como hizo el pasado año, del desajuste existente entre lo que considera que debe recibir del modelo de financiación y lo que asigna el Ministerio de Economía. Teniendo en cuenta los cálculos de 2011, esta diferencia de criterio podría representar el próximo año más de 530 millones. Ahora bien, no es más que otra de las inestables columnas sobre las que se asentarán unas cuentas que obligarán a complejos ajustes y a realizar encaje de bolillos para cuadrar unas cifras en las que la incertidumbre sobre el capítulo de los ingresos condicionará inevitablemente los gastos.
