El Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España han sellado este martes un acuerdo inédito para garantizar la conservación del Acueducto. Las tres administraciones han firmado un protocolo de actuación conjunta que abre una nueva etapa de colaboración institucional en torno a uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio mundial.
El acto, celebrado en la Sala Blanca del Ayuntamiento, reunió al de la ciudad, José Mazarías, al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja y al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí.
Este acuerdo contempla el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de conservación preventiva, restauración investigación y difusión del monumento, además de la elaboración de un futuro Plan Director, basado en el documento redactado en 2012 por el arquitecto Alberto García Gil, que servirá de guía de actuación para las intervenciones.
Tras la firma del protocolo, también se constituyó la Comisión de seguimiento, vigilancia y control, que tendrá como misión definir y desarrollar las actuaciones que se llevará acabo, los trabajos o proyectos de actuación que se acuerden y aprobar si es necesario, la participación de otras entidades en acuerdos o convenios específicos. Esta comisión estará formada por el secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, junto a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León; La viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, y el Director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, como representantes de la Junta de Castilla y León, además del alcalde de Segovia, José Mazarías, que actuará como presidente y el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, completando la representación municipal. La comisión tendrá como secretario al jefe del Servicio de Patrimonio municipal e histórico y de rehabilitación urbana, Jesús María Gómez.
Durante su intervención, Mazarías subrayó el carácter excepcional del acuerdo al asegurar que la firma “no es un acto más en la agenda institucional”, sino “un paso histórico en la protección de uno de los símbolos más universales de nuestro patrimonio”. El alcalde puso especial énfasis en el hecho de que “por primera vez las tres instituciones nos sentamos en igualdad para articular una estrategia común, coordinada y sostenida en el tiempo”, algo que, según reconoció, no se había producido hasta ahora pese a la relevancia del monumento.
Más allá del marco institucional, el protocolo arranca con medidas tangibles. Tras la firma, el alcalde avanzó que la recién constituida comisión de seguimiento dará paso a un grupo técnico en el que “se presenten ya las primeras actuaciones”, entre ellas intervenciones como la restauración de los pilares 0 a 6 y las pilas 69y 70, que fueron previstas hace más de un año y que “cuentan con un proyecto de intervención”.
A estas actuaciones se sumará la redacción de un Plan Director, una herramienta estratégica que permitirá ordenar las futuras intervenciones que se lleven a cabo en el Acueducto. Según comentaba Mazarías, este documento será clave para definir criterios de conservación, prioridades y metodologías, ya que “la elaboración del plan director de conservación del Acueducto será objeto de este grupo de trabajo”.
El alcalde insistió en que el acuerdo nace con vocación de permanencia: “el Acueducto no puede tener fecha de caducidad y por tanto, este protocolo tampoco”, señaló, al tiempo que detalló que la comisión se reunirá “al menos dos veces al año y tantas veces como sea necesario”, lo que permitirá un seguimiento continuo de las actuaciones.
Un espacio de consenso
El consejero Gonzalo Santonja enmarcó el acuerdo en una visión más amplia del patrimonio como elemento de cohesión institucional. A su juicio, “el patrimonio no puede ser motivo, sino de encuentro”, una idea que sobrevoló el acto como mensaje político en un contexto de creciente polarización.
Santonja incidió en el valor simbólico que posee el Acueducto, recordando que “en cualquier lugar del mundo, al mostrar una imagen del Acueducto, inmediatamente se identifica con Segovia”, lo que convierte su conservación, no solo en una cuestión local, sino en una responsabilidad compartida. En este sentido, el consejero reafirmó el compromiso de la Junta con un modelo de gestión “integral , participativo y basado en la corresponsabilidad”.
Por su parte, el secretario de Estado, Jordi Martí, valoró positivamente el papel del Ayuntamiento como titular del monumento. Frente a la idea de que los grandes iconos patrimoniales deben gestionarse desde niveles superiores, defendió que “es precisamente la administración local la que garantiza el vínculo entre el ciudadano y el patrimonio”.
Este vínculo, advirtió, resulta esencial para la pervivencia del propio monumento, puesto que “ el patrimonio deja de ser plenamente patrimonio si los ciudadanos no lo sienten como suyo”. Martí alertó así del posible riesgo de convertir estos espacios únicamente en recursos turísticos, lo que podría debilitar su papel como elemento identitario de la ciudad.
Al mismo tiempo, el secretario destacó que la creación del protocolo no solo implica financiación -el Ministerio ha invertido 400.000 euros durante esta legislatura-, sino también conocimiento técnico especializado, en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Más allá del ámbito local, Martí también comentó la situación del acuerdo en relación con un contexto global marcado por la dificultad del diálogo institucional. En este sentido, el secretario de Estado defendió que este tipo de iniciativas demuestran “que es posible trabajar conjuntamente entre quienes pensamos distinto”, corroborando las palabras de Santonja y reivindicando la cohesión institucional como herramienta para afrontar retos comunes.
Entre esos desafíos, Martí puso el foco en le impacto del cambio climático sobre el patrimonio histórico. Según explicó, “las condiciones climáticas cada vez más extremas nos obligan a reforzar la prevención y la colaboración de las instituciones”, aticipando un escenario en el que será necesario actuar no solo en la conservación patrimonial, sino también en la anticipación de posibles riesgos.
Gestión a largo plazo
El protocolo establece un marco estable de colaboración que permitirá desarrollar proyectos específicos mediante convenios, con la posibilidad de incorporar a otras entidades públicas o privadas. Además, fija un reparto claro de las responsabilidades. Por un lado, el Ministerio dará prioridad a los proyectos alineados con el acuerdo, mientras que la Junta se encargará de agilizar las autorizaciones y el Ayuntamiento de ejecutar las actuaciones.
Con la creación de la comisión de seguimiento y el impulso del futuro Plan Director, las administraciones buscan superar intervenciones puntuales y avanzar hacia un modelo de gestión integral.
El acuerdo lanza así un mensaje claro: la conservación del Acueducto no es solo una obligación institucional, sino una tarea colectiva que corresponde a toda la población. Como resumió el propio alcalde, se trata de asumir que “el Acueducto de Segovia es una prioridad compartida y su conservación es una tarea colectiva”.
