El Pleno del Senado ha dado luz verde a una moción consecuencia de interpelación en la que el Grupo Parlamentario Popular reclama al Gobierno la adopción de un paquete de siete medidas urgentes para proteger los servicios básicos de los consumidores frente al “vampirismo fiscal” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las senadoras Paloma Sanz, presidenta del PP de Segovia, y Carmen Riolobos instan al Gobierno a garantizar una protección efectiva de los derechos de los consumidores y una prestación eficiente de los servicios esenciales.
Con esta iniciativa, el Partido Popular persigue aliviar la presión sobre la economía de las familias, medir el impacto real del coste de la vida, establecer protocolos ante fallos en servicios esenciales, facilitar las reclamaciones, garantizar compensaciones, crear un sistema de información y alerta y reforzar la rendición de cuentas del Ejecutivo.
Durante su intervención, Sanz dibujó un escenario “desolador”, asegurando que “el coste de vivir corre mucho más que los salarios y está triturando a la clase media”. En este sentido, advirtió de que “la cesta de la compra, la energía y la vivienda desbordan a las familias, mientras el Gobierno recauda más y despilfarra a manos llenas”. Denunció que “Sánchez y Montero exprimen a las familias con más impuestos, más precios, menos poder adquisitivo y más pobreza para los consumidores”, y subrayó que “cuando falla lo esencial, falla el Estado y vuelve a pagar el consumidor”.
La senadora segoviana defendió la urgencia de esta iniciativa, que incluye protocolos claros de actuación, indemnizaciones, información transparente y mecanismos eficaces de reparación. Además, advirtió de que “quien vote en contra de esta moción, por obediencia debida, vota contra el consumidor y a favor del Gobierno”, criticando la “ceguera interesada” de quienes respaldan al Ejecutivo.
Sanz también puso el foco en el deterioro de la situación económica de los hogares, citando datos de la OCU que reflejan que el 50% de las familias tiene dificultades para adquirir carne y pescado fresco, el 63% llega con problemas a fin de mes y el 72% apenas puede ahorrar. “Estos datos evidencian un deterioro claro de la solvencia familiar y de la capacidad de acceso a bienes básicos”, señaló.
En materia energética, alertó de la baja satisfacción de los hogares con los precios, según la CNMC, lo que confirma que “la energía ha dejado de ser un gasto controlable para convertirse en una preocupación estructural”.
Igualmente, criticó la “insuficiente protección” de los consumidores ante fallos en servicios esenciales, recordando episodios como el apagón del 28 de abril o el accidente de Adamuz, que dejaron a miles de afectados “sin información clara, sin reparación suficiente y con dificultades para reclamar”. A su juicio, el Estado debe garantizar el acceso asequible a servicios básicos, su continuidad y calidad, así como una información veraz y útil. Sin embargo, denunció que “el deterioro del poder adquisitivo, los sobrecostes, la crisis de vivienda y la falta de respuestas ágiles ante fallos sistémicos están empobreciendo a la clase media y obligando a muchas familias a recortar consumo esencial y vivir en alerta económica permanente”.
