El sector ganadero segoviano que fundamentalmente es de carácter intensivo ha advertido del impacto negativo que les supondrá la nueva normativa europea sobre emisiones industriales, y que tendrá su repercusión en las explotaciones de la provincia por tener que implementar prácticas y tecnologías más eficientes.
La decisión europea ha conseguido unir a todas las organizaciones profesionales agrarias, que consideran negativa la propuesta que ha sido sometida estos días a votación de los ministros de toda la UE. Todas destacan que se sienten “asediadas” por esta norma que afectará principalmente “a más granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño, es decir, al modelo de producción familiar” que son las que precisamente necesitan más protección.
Por ello piden a los ministros de Medio Ambiente de la UE que modifiquen la propuesta aprobada recientemente por el Parlamento
En el caso del porcino, la reducción de límites de tamaño de granjas de porcino propuesto por la Unión Europea (UE) para incluirlas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones afectará a las de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo (a partir de 30 kilos), detallan. Es decir, a la práctica totalidad de las naves de este tipo que funcionan actualmente.
En total, en la provincia de Segovia existen 615 explotaciones ganaderas de porcino, que albergan un censo de 1,2 millones de cerdos
Para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, lo que afectará a 313 operadores que representan el 98 % del censo de aves productoras de huevos.
En la provincia de Segovia están censadas 207 explotaciones de aves de corral, con un censo de 5,3 millones de animales. Si se tienen en cuenta sólo las gallinas ponedoras, hay un censo de 36.261, de las que sólo 1.921 son camperas o de autoconsumo y serían a las únicas que no les afectaría la medida.
Quedan exentas de esta normativa las granjas extensivas y la cría de animales para uso doméstico y la directiva tampoco cubre las explotaciones de vacuno, lo que ha generado críticas de organizaciones ecologistas, ya que la cría de animales de granja es responsable del 54 % de las emisiones de metano, principalmente del vacuno.
PRESIÓN
Esta “presión” normativa tendrá “un gran impacto” sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán necesitar una autorización ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de 3.000 euros, según calculan los ganaderos. Para las de mayor tamaño, los costes serán más elevados, pero se supone que su competitividad también es más alta.
La aplicación de reformas estructurales en las granjas para aplicar las Mejores Técnicas Disponibles (MTD obligatorias) supondrán unas modificaciones que harán “inviable” su amortización y provocarán el cierre “inminente” de muchas granjas, tal como alertan las organizaciones.
La UE plantea también en su nuevo texto que cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta pública. El sector afirmado que eso abre la posibilidad a que grupos contrarios a la ganadería “impidan esas autorizaciones calificándolas como ‘macrogranjas’, cuando en la mayor parte de los casos se trata de granjas familiares”.
Desde Uccl-Segovia, afirman que los umbrales negociados para porcino y avícola “supondrían ampliar las exigencias hasta unos límites que alcanzan a granjas de mediano-pequeño tamaño, lo que incrementaría la carga burocrática, los costes de gestión y niveles de inspección a las granjas que apenas cuentan con una UTA (persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), por lo que las exigencias pasarán a ser inasumibles para este rango de granjas”.
Recuerda que, pese a su aplicación gradual a partir de 2030, estas nuevas exigencias se suman a las normativas de bienestar, ambientales o sanitarias que están obligando a reducir el censo de las granjas o la implantación de MTD, entre otras, y que están ahogando a la actividad ganadera, señala en un comunicado César Acebes, presidente de Uccl-Segovia.
Desde el sindicato UPA-Coag, la agricultura y la ganadería nunca debieron formar parte de una directiva enfocada al sector industrial. “Nuestras granjas no son industrias”, recuerdan los ganaderos de este ámbito.
En todo caso consideran un alivio que el sector del vacuno quede fuera de los efectos de la directiva ya que estiman que su actividad es en su mayoría extensiva.
Por parte de Asaja, se han criticado las promesas de flexibilización normativa y cambio de decisiones que se anunciaron. “Esta decisión envía una señal clara y desalentadora a los sectores productores tradicionales de Europa, incluyendo a nuestros agricultores y ganaderos”. “Es decepcionante para Asaja y para miles de explotaciones familiares de porcino y aves de corral que enfrentan ahora una regulación injusta e insensible”, añaden desde la organización.
Asaja asegura que seguirá defendiendo su compromiso de abogar por ajustes técnicos que limiten el “impacto adverso de estas regulaciones en nuestras explotaciones. Continuaremos luchando por un futuro digno y sostenible en lo económico, social y medioambiental para el sector agropecuario europeo”, explican.
“Nos exigen reducir animales en nuestras granjas por bienestar, nos enfrentamos a grandísimos retos para utilizar menos antibióticos, nos enfrentamos a una pila de burocracia que nos hace estar más en oficina que en granja, y ahora nos imponen exigencias que muchas granjas medianas y pequeñas no vamos a poder asumir” denuncia Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino de Unión de Campesinos de Segovia-UCCL.
“Es lamentable que las calles de Europa y de España estén día sí y día también llenas de tractores y ganaderos advirtiendo de nuestro riesgo de desaparición y por parte de algunos grupos políticos del Parlamento Europeo, en concreto eurodiputados españoles de PSOE, Podemos, BNG/ERC, Ciudadanos y no adscritos, voten en contra de enmiendas que buscaban, en cuanto al sector ganadero, no apretar las tuercas a granjas que no pueden asumir las mismas exigencias que las grandes instalaciones ganaderas” añade Néstor Serra, responsable estatal del sector avícola de Unión de Campesinos de Segovia-Uccl.
