El programa de gobierno del PP y Vox para la Comunidad Valenciana habla de impulsar medidas para erradicar “la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.
Es una de las medidas incluidas en los 50 puntos programáticos del futuro Gobierno valenciano de coalición cerrados este jueves, que llegan tras una legislatura en la que Les Corts declararon la emergencia feminista en la Comunidad.
Aunque en el futuro Consell, formado por diez Consellerías y en las que Vox ocupará tres carteras (la vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura, que ocupará el torero Vicente Barrera, y las Consellerias de Agricultura y de Justicia) ya se ha anunciado que no habrá una Consellería de Familia, ambos partidos sí se comprometen a aprobar una ley integral de protección a la familia.
Dicha norma fomentará la natalidad, con ayudas al nacimiento y a gastos como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, el acompañamiento de los mayores, el apoyo a personas dependientes y una “especial atención” a las familias numerosas.
Otra de las medidas en materia de políticas sociales será la revisión de “todo el sistema y la normativa” de servicios sociales, para “garantizar” que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan, y se explicita el compromiso de ampliar la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería para las familias.
Tal y como ha venido avanzado esta semana el futuro president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), en materia educativa los dos partidos se comprometen a garantizar “la libre elección de centro educativo y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”, frente al actual modelo plurilingüe que enseña en valenciano, castellano e inglés al 33 %.
El documento, escrito íntegramente en castellano, no explicita la derogación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, a la que Mazón llama “de Policía Lingüística”, si bien señala que se reforzará inspección educativa para sacar “la ideología de las aulas” y asegura que los padres “elegirán libremente y en su caso autorizarán” el contenido de las actividades extracurriculares.
En materia de memoria histórica, de la que hasta ahora se encargaba una Consellería (la de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática), el acuerdo avanza que se derogarán las normas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, para garantizar “la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos”.
El acuerdo comienza con el apartado dedicado a la “libertad” y su primer punto es la defensa de “la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural”, y finaliza con el área de “seguridad”, con el compromiso número 50: asegurar “el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno”.
Dentro de esta última área, PP y Vox se comprometen a crear una oficina especializada “para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”; a facilitar medios personales y materiales a los afectados por la ocupación de sus inmuebles; y a que la Generalitat comunique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas”.
LAS SIMILITUDES
Madrid, 15 jun (EFE).- La Presidencia para el PP y la Vicepresidencia para Vox; economía, sanidad o educación para los de Alberto Núñez Feijóo y cultura o agricultura para los de Santiago Abascal… un reparto de “carteras” muy similar en el primer gobierno de coalición entre ambos partidos, en Castilla y León, y el que ahora se pondrá en marcha en la Comunidad Valenciana.
A falta de conocer todos los detalles del futuro gobierno de Carlos Mazón, una de las principales diferencias entre una y otra experiencias de pacto entre los dos partidos de la derecha estarán en que en Valladolid es el PP el que ocupa la Consejería de Presidencia, con Luis Miguel González Gago -que sustituyó en mayo a Jesús Julio Carnero, aspirante a la Alcaldía de la capital autonómica-, y en València será un representante de Vox quien esté al frente de la Conselleria de Justicia, Interior y Gobernación.
Otra diferencia radica en que en Castilla y León el vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, lo es “sin cartera”, aunque él avisó desde el principio de que “todo” le concierne, mientras que en la Comunidad Valenciana el torero y miembro de Vox Vicente Barrera será vicepresidente primero y también conseller de Cultura.
El comunicado conjunto en que PP y Vox han anunciado este jueves el futuro nombramiento de Barrera como vicepresidente primero del ejecutivo de Carlos Mazón indica también que la formación de Abascal asumirá además la Conselleria de Agricultura, que en Castilla y León está dirigida igualmente por un representante de este partido, Gerardo Dueñas.
En el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, miembros del PP llevan también las áreas de Economía y Hacienda y Portavoz, Carlos Fernández Carriedo; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; Movilidad y Transformación Digital, María González Corral; Sanidad, Alejandro Vázquez; y Educación, Rocío Lucas.
También la de Familia e Igualdad de Oportunidades, con Isabel Blanco al frente, mientras que Mazón ha adelantado que no está “encima de la mesa” crear una conselleria de familia en su Gobierno de coalición con Vox, pese a que uno de los ejes del acuerdo sea el apoyo a las familias y el fomento de la natalidad.
Las medidas más destacadas del Gobierno valenciano del PP-Vox: derogaciones y nuevas leyes
El acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno de la Comunitat Valenciana incluye 50 compromisos, que comienzan con la defensa de “la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural”, e incluyen medidas sobre memoria histórica, “violencia intrafamiliar”, señas de identidad, protección de la familia y Educación.
Estos son los aspectos más destacados del acuerdo programático de siete páginas cerrado este jueves, que recoge derogaciones de algunas normas, nuevas leyes y reclamaciones a otras Administraciones:
DEROGACIONES Y CAMBIOS LEGISLATIVOS
– Se derogarán las normas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, para garantizar “la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos”.
– Eliminación de las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los ‘Països catalans’.
– La Generalitat pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado “los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas, y eliminará las subvenciones “a entidades que amparen estas prácticas”.
– Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio y la tasa turística.
– Reducción “drástica” del IRPF en todos sus tramos y rebajas de las tasas autonómicas “que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial”.
– Modificación de la legislación para “eliminar las trabas excesivas” que provocan que las empresas compitan “en inferiores condiciones” respecto a las extranjeras.
– Se reducirá el número de Consellerias, de altos cargos y asesores, y se suprimirán los organismos “innecesarios que no reportan en el bien general”.
NUEVAS LEYES Y MEDIDAS
– Defenderán los derechos de las familias y promoverán políticas para “erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.
– Aprobación de una Ley de Señas de Identidad que “proteja los valores y costumbres y tradiciones” de la Comunitat Valenciana.
– Aprobación de una ley integral de protección a la familia, que fomentará la natalidad con ayudas al nacimiento y para gastos como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, y dará “especial atención” a las familias numerosas.
– Garantizar la libre elección de centro educativo y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Los padres “elegirán libremente y en su caso autorizarán” el contenido de las actividades extracurriculares.
– Refuerzo de la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas”, un plan para “dignificar” la labor del docente, y educación libre, gratuita y universal desde los cero años.
– Medidas contra la ocupación ilegal de inmuebles: crearán una “oficina especializada” para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas.
– Revisarán “todo el sistema y la normativa vigente en materia social”, para garantizar que las ayudas públicas llegan “a las familias que más lo necesitan”.
– Avanzarán en un marco legislativo y de apoyo administrativo a la conciliación familiar, ampliando la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería.
– Apuesta por un modelo de radio y televisión pública “racional” con la coyuntura económica y unos contenidos que “reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales”.
– Aumento del presupuestos sanitario hasta el 30 % del total de la Generalitat y un plan sanitario para una atención “ágil y de calidad”.
– Aumento del parque público de vivienda. La Generalitat avalará hasta el 20 % del coste total de la primera vivienda a los jóvenes.
REIVINDICACIONES A OTRAS ADMINISTRACIONES
– Exigencia al gobierno de la nación de un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana.
– Defensa “en todas las instancias” de la política de trasvases, como el del Tajo-Segura. Exigirán la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial.
– Impulso del Corredor Mediterráneo y de las inversiones pendientes para la conectividad ferroviaria.
